Ha insistido en que está arrepentido por los hechos del caso ITV.
En la vista celebrada ayer en la sección 20 de la Audiencia de Barcelona, Oriol Pujol, ex diputado de CiU en el Parlament e hijo del expresident Jordi Pujol, ha pedido a la juez sustituir por una pena de trabajos en beneficio de la comunidad su condena de dos años y medio de cárcel por el caso ITV y ha insistido en su arrepentimiento por los delitos cometidos.
“Me he visto con ojos de este procedimiento y no me he gustado a mí mismo”, dijo dirigiéndose directamente a la magistrada.
La Fiscalía, en cambio, pide su ingreso inmediato en prisión, condenado por delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad en documento mercantil.
Por su lado, Xavier Melero, abogado de Pujol, ha declarado a los medios que la pena de cárcel puede ser suspendida ya que las condenas de los tres delitos por separado son inferiores a dos años. También ha señalado que los trabajos en beneficio de la comunidad tienen “eficacia ejemplarizante y comunicativa una vez se ha producido la confesión y la reparación del daño”.
Abogó porque “los trabajos en beneficio de la comunidad no son una pena de segundo orden” y que en casos de personalidades notorias pueden proyectar este tipo de actividades solidarias. Además, subrayó que el hijo del expresidente catalán ya hace trabajo social voluntariamente al colaborar con un comedor comunitario. Por ello, pide para su defendido “la oportunidad de no desestructurar aún más su vida”.
Melero recordó que Pujol “tiene un trabajo modesto”, de agente comercial, “que le cuesta mantener” porque “nadie le quiere dar trabajo”. Por ello, insistió a la juez en que a la hora de cumplir la sentencia su planteamiento está basado en no desestructurarse más y seguir con su vocación pública con un trabajo solidario, toda vez que el “proyecto existencial de 25 años de dedicación a la política se ha acabado”, así como sus amistades, relaciones sociales y su notoriedad.
La Fiscalía Anticorrupción, en cambio, insiste en el ingreso inmediato en prisión del hijo del ex presidente catalán ya que ha sido condenado por delitos que tienen que ver con la corrupción política y económica. Así, en el escrito que dirige a la Audiencia señala que la corrupción y el fraude son “una lacra para la sociedad y un ataque a la estructura democrática de cualquier Estado” y que la lucha contra ella es una de las prioridades absolutas.
Ni las circunstancias personales ni la conducta del condenado después de cometer los hechos “pueden contrarrestar la finalidad de prevención especial y de prevención general que con el cumplimiento de las penas de prisión impuestas al penado se persigue”, sostiene la fiscal Teresa Duerto.
La Audiencia de Barcelona condenó en firme a Pujol a cinco meses de cárcel por tráfico de influencias, multa de 55.000 euros e inhabilitación para ejercer cargo público en cualquiera de las Administraciones por dos años. Además, impuso una condena de ocho meses de prisión por un delito continuado de cohecho, así como la suspensión de empleo y cargo público por un año y a una pena de año y cinco meses de cárcel y multa de 21.000 euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, todo ello en un pacto de conformidad con la Fiscalía.