NADA SE AÑORA TANTO CUANDO SE PIERDE

Por Carolina Gutierrez Montero (investigadora biomédica).
Así debieron de sentirse las miles de personas que en el año 2012 y como consecuencia del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, vieron desaparecer el derecho a la protección de la salud como resultado de la anulación de su vocación universal y la eliminación de la titularidad de dicho derecho que quedaba recogido en la Ley 16/2003, de 28 de mayo.
Quedaron excluidos de un sistema sanitario como el nuestro, envidiado por muchos fuera de nuestras fronteras, con la excusa del gasto que suponía para nuestro país el mantenimiento de esta cobertura sanitaria universal.
No fueron conscientes los que promulgaron ese Decreto-ley por aquél entonces, ni lo son ahora claro, de la carencia de lógica y la de engaños verbales que contenía para todos aquellos que se dejaron caer en su trampa.
Han tenido que ser otros, los que a fecha de 27 de julio de 2018 y bajo el Real Decreto-ley 7/2018 han hecho recuperar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud en condiciones de equidad, lo que constituye un derecho primordial de toda persona. Esto además cobra una mayor importancia cuando se trata de proteger a colectivos de especial vulnerabilidad.
Nos intentaron engañar diciéndonos que los inmigrantes no regularizados hacían un gasto exagerado de la asistencia sanitaria, lo que suponía enormes pérdidas económicas para nuestro país, mentira: los inmigrantes que llegan a nuestro país generalmente son jóvenes y sanos y que recurren en contadas ocasiones al sistema sanitario. Pero y ¿si no fuese así? Y si verdaderamente precisasen de una cobertura sanitaria por una enfermedad grave, crónica… ¿de verdad les vamos a negar esa asistencia médica?
Si por algo se caracteriza nuestro sistema sanitario (a pesar de las imperfecciones que en él podamos encontrar) es el concepto de solidaridad: gracias a la contribución con nuestros impuestos, acorde a nuestras ganancias, podemos disfrutar entre otras cosas de una cobertura sanitaria pública igual para todos y cada uno de nosotros. Si somos capaces de entender este concepto de solidaridad, esto nos debe llevar a ir más allá, abrir nuestra mente, borrar fronteras y ser solidarios con las personas que llegan a nuestro país en altas condiciones de vulnerabilidad, procedentes de países pobres, en guerra, con desnutrición infanto/juvenil…
Y algunos estarán pensando: ¿y qué pasa con el turismo sanitario? De nuevo ese engaño verbal que nos quisieron meter en la cabeza: las personas que vienen de otros países (que pueden hacerse cargo de estos gastos), en su mayoría de la Unión Europea y que reciben asistencia sanitaria en nuestro país, reciben una factura que es emitida desde aquí a sus países de origen y no corre a cargo de nuestros fondos públicos. Ni se imaginarían el dinero que recibe España de estas atenciones sanitarias efectuadas a personas de otras nacionalidades.
Pero volviendo al tema de la solidaridad que parece que hemos recuperado con este nuevo Real-Decreto, me gustaría hacer hincapié en ese concepto solidaridad-impuestos y que muchas veces ha sido criticado en el sentido de no ser conscientes que pagar impuestos favorece la solidaridad con los más vulnerables. Gobiernos de izquierda como el que tenemos ahora y responsables de esta recuperación de una sanidad universal han sido criticados por no bajar impuestos en sus años de mandato perseguidos por el mantra: “ser de izquierdas implica bajar impuestos”. No, ser de izquierdas, entre otras muchas cosas, implica proteger al débil, al vulnerable y mantener unos servicios públicos de calidad como son la sanidad y la educación, en parámetros de equidad e igualdad para todos con independencia de su situación económica.
Y aquí entra el concepto que he llamado solidaridad-impuestos. Si las cosas se hacen bien, si se persigue a los corruptos, si no nos dejamos llevar por la impunidad y cada uno paga sus impuestos de forma controlada y proporcional a sus ganancias, que sería lo justo, esto permitiría dotar a nuestro estado de unos servicios públicos, entre ellos la sanidad, de calidad pero que además sean iguales para todos y cada uno de nosotros. Es lo que se denomina un sistema solidario.
Imaginen que se bajan los impuestos, qué bien nos frotamos las manos pagaremos todos menos. Pero este déficit económico generará una falta de inversión en los servicios públicos, lo que se traduciría en una peor sanidad pública, una peor educación pública… Conclusión: SOLO el que tenga más dinero podrá prescindir de estos deficitarios servicios públicos y acudir a una sanidad y educación privada. El resto que no podrá permitírselo no disfrutará de unos servicios públicos de calidad. Aquí se pierde por tanto la cadena de la solidaridad y que debe ser la marca de garantía de todo buen gobernante de izquierdas.
Que me perdonen los economistas que lean este texto y que vean que he incurrido en fallos económico/matemáticos por meterme en charcos que no son del dominio de una investigadora biomédica como yo.
Empecé este artículo haciendo referencia a que valoramos más las cosas cuando las perdemos que cuando las tenemos. Y que ese sentimiento debió de recorrer el cuerpo de las miles de personas que perdieron la cobertura sanitaria en el año 2012, pero que hoy gracias a la revocación de ese Decreto-ley vuelven a recuperarla. Y eso es algo que nos debería hacernos sentir orgullosos como país: ser capaces de extender nuestra solidaridad con los que más lo necesitan con independencia de su país de origen. Y que no nos tengamos que ver nunca en la situación de tener que añorar lo que afortunadamente tuvimos.

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