Más tarde o más temprano llegaría la mordaza en la Comunidad de Madrid para evitar que se conozca la realidad de la situación sanitaria y educativa en la región. Amparándose en una casposa sentencia del Tribunal Supremo de enero de 1988, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso impone la censura a sanitarios y docentes.
Lo ha hecho a través de un comunicado interno con el que prohíbe al personal sanitario y docente de la Comunidad hablar con los medios de comunicación sin autorización previa.
“Nunca actúen por su cuenta”, reza el documento, si no hay consentimiento por parte de la Dirección del Centro ante una solicitud de entrevista o reportaje por parte de un periodista. Será esa dirección quien diga qué profesionales “puedan representar a la institución en las mejores condiciones”.
Viola, así, de manera flagrante el derecho a la información de los ciudadanos y el derecho a informar de los medios. Ataca directamente a la libertad de expresión y de información para poder mentir y sesgar lo que quiere que llegue a la población.
Acorralada en su propia incompetencia e incapacidad para controlar la epidemia, la presidente recurre al viejo estilo dictatorial para aplicar la mordaza.
Con la excusa de promover “una imagen positiva” y mitigar “cualquier impacto negativo cuando éste surja” decreta la censura. Además, exige un seguimiento de lo que se publique o emita con el fin de saber qué “tratamiento” se ha dado “a la información”. También, conocer su “alcance” entre el público.
Así, no sólo ataca a los periodistas, sino que amenaza a sus trabajadores. Toda gestión estará a cargo del Responsable de Comunicación. Será éste quien tome contacto con el profesional del centro y llegue a un acuerdo acerca de los intereses de las partes.
Mordaza y censura a los medios
Ahí no acaba la cosa. Será ese responsable quien determine la “hora y lugar adecuados” para llevar a cabo la entrevista o el reportaje. Y si no hay acuerdo, prevalecerá “la opinión de la institución sanitaria para no perjudicar el normal funcionamiento del centro”.
A más, se comunicará al periodista la causa por la que, en su caso, no puede realizarse y le filtrará la información interesada “cuando se estime necesario”.
Por el comunicado también se obliga al profesional sanitario a “reorientar” al periodista si éste no sigue “el cauce adecuado”. Al más puro estilo Goebbels, obliga a hacerlo “lo antes posible” para dirigir al profesional de la información al responsable de comunicación “a efectos de orientar y adecuar la actividad informativa”.
Pero no sólo eso. Si se trata de una entrevista o reportaje técnico, la Consejería de Sanidad establecerá “su conveniencia o no” en anuencia con la dirección del centro. Es decir, poder mentir, ocultar, sesgar y filtrar lo que al Gobierno de Díaz Ayuso le parezca oportuno.
Se llega más allá en su intento de poner una mordaza e aplicar la censura. Si se rebasa el ámbito institucional, la decisión la tomará la dirección con el ‘apoyo’ del responsable de comunicación.
Ésta será colegiada con el Instituto Madrileño de la Salud e, incluso, con la Consejería de Sanidad y la Dirección General de Medios de Comunicación. Y ya sabemos quiénes están al frente de ambas ‘instituciones’.
A todo ello hay que agregar que el centro “no puede hacerse responsable ni respaldar las declaraciones realizadas a los medios de comunicación” por parte de profesionales sanitarios si se han hecho “al margen de los canales” protocolarios. De traca. En Madrid, la mascarilla no sólo es para protegerse de un contagio.