Según la ONU, necesitarán ayuda este año un total de 4,9 millones de personas.
Escapando de la crisis política, económica y humanitaria, millones de venezolanos están abandonando su país. El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), ha avisado que todo ello dejará hasta 1,1 millones de menores a expensas de protección y acceso a servicios básicos durante el año 2019.
Según la ONU, se prevé por parte de las organizaciones humanitarias que más de 4,9 millones de personas de Colombia, Brasil, Panamá, Guyana, Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago, en este año precisarán de ayuda como consecuencia de la ola migratoria que la crisis en Venezuela ha provocado. Por el momento, son unos 500.000 menores los que están en comunidades de acogida.
María Cristina Perceval, directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, considera que es “alentador” todo el esfuerzo del Ejecutivo de Venezuela para “buscar soluciones regionales conjuntas a los retos que plantea la migración a gran escala, ya que están en línea con los estándares internacionales y las leyes nacionales, como el protocolo adoptado por Ecuador para proteger a los niños desarraigados”.
En cambio, UNICEF piensa que es “evidente” que, puesto que la crisis continúa y sigue aumentando el número de migrantes venezolanos, hay servicios esenciales como son la protección, atención sanitaria y la educación que “están sufriendo una sobrecarga adicional”.
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), considera que 3 millones de venezolanos han salido del país tanto en 2018 como en años anteriores y se prevé que este año la cifra crezca hasta los 5 millones.
Según denuncia la ONU, los menores venezolanos y sus familias tienen dificultades para regularizar su estatus migratorio, hecho que puede afectar al acceso a la protección social y atención sanitaria.
También denuncia que la ausencia de políticas públicas de integración en las comunidades de acogida supone un riesgo para los menores que sufrirían discriminación, violencia, explotación, abuso, separación familiar y xenofobia.
En este aspecto, ha mostrado gran preocupación a las informaciones llegadas que alertan e casos de xenofobia, violencia y discriminación contra menores de familias venezolanas en comunidades de acogida, lo que provoca que los menores sean separados de sus familias. Por ello, las mujeres embarazadas, las madres lactantes y las personas indígenas corren un riesgo mayor.
Por ello, Perceval ha apuntado que “los estándares internacionales de los Derechos Humanos piden a los estados que permitan la entrada y el registro de los niños como una precondición para llevar a cabo los procesos iniciales de evaluación para su protección”.
“Incluso cuando no están acompañados ni llevan documentación oficial, deberían ser dirigidos inmediatamente a personal especializado, que pueda evaluar sus necesidades de protección”, ha pedido la directora regional de UNICEF.
En opinión de la ONU, el primer paso sería registrar a los menores en tránsito. Y obtener información durante el proceso de registro para que los estados puedan planear y presupuestar la respuesta.
UNICEF ha pedido 69,5 millones de dólares para hacer frente a las necesidades de los menores desarraigados de salen de Venezuela y de los que están en comunidades de tránsito y acogida en América Latina y el Caribe.