Lo ha confirmado el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea.
A través de una sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TUE, ha confirmado la negativa del Parlamento Europeo para que un grupo de periodistas pueda acceder a los documentos de dietas de los eurodiputados. Según la resolución, quienes lo solicitaron no han demostrado la necesidad de que esta información deba ser pública.
A ello se une que, de acuerdo con la normativa comunitaria de protección de datos personales, los documentos que han solicitado contienen datos personales y las autoridades europeas pueden denegar su acceso a aquellos documentos “cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de la intimidad y la integridad de la persona”.
La sentencia sí admite que es posible dar acceso a este tipo de información “si el solicitante demuestra la necesidad de la transmisión y si no existe ninguna razón que haga pensar que esa transmisión puede lesionar los intereses legitimos del interesado”.
El magistrado entiende que en este caso los solicitantes, que son varios periodistas y asociaciones periodisticas, “no han logrado demostrar la necesidad de esa transmisión controvertida de los datos personales”, aunque el objetivo fuera controlar los gastos en los que incurrieron los miembros de la Eurocámara, puesto que, a juicio de los periodistas, no existen mecanismos de control de estos.
En opinión del TUE, los solicitantes no intentan rebatir la legalidad de la negativa del Parlamento Europeo hacer públicos los documentos, sino “denunciar las carencias y la ineficacia de los mecanismos de control existentes”, aunque no es competencia de la justicia europea “apreciar ese punto”.
Los periodistas consideran que se podrían haber ocultado los datos personales en los documentos y dar acceso parcial. Ante ello, el tribunal argumenta que no se cumpliría el objetivo pretendido puesto que “no habría permitido ejercer un seguimiento individualizado de los gastos de los miembros del Parlamento”. Ahora, los periodistas podrán interponer recurso de casación ante el mismo tribunal en un plazo de dos meses desde el momento de la notificación de la sentencia.