Desde la tarde del martes el Ejecutivo cuenta con el informe de la Abogacía del Estado en el que se confirma que un gobierno en funciones no puede facilitar la financiación a cuenta a las comunidades autónomas. Aún así lo ha explicado, en una entrevista en Onda Cero, María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones.
Montero sostiene que no se puede “condicionar” a un nuevo Ejecutivo entrante. Aprovecha para culpar de la situación suscitada al PP y a Ciudadanos por no haber facilitado la investidura de Pedro Sánchez.
Según la ministra, la Abogacía “sigue la misma lógica” que mantiene el Gobierno de no poder financiar a las comunidades autónomas como corresponde debido a la situación actual. Con todo, afirma que continúan trabajando que manera “insistente” en la búsqueda de una solución “dentro del marco de la legalidad”.
En su opinión, el bloqueo político provocado por el PP y Ciudadanos ha llevado a esta situación. “Lo triste es que esto es la consecuencia del bloqueo sin tener alternativa de otro candidato”, aseveró.
Respecto a cuándo tuvo en su poder el informe por escrito, la titular de Hacienda confirmó que lo tiene desde la tarde del martes, pero hizo hincapié en que ya se conocía meses antes verbalmente. “Se estaba redactando de verbal ha escrito o y por tanto era ya un acuerdo conocedor, que así mismo lo dice el propio escrito, que se había informado ya en varias ocasiones. Se le pidió la semana pasada que se redactara y llegó ayer –por el martes- al Ministerio”, señaló.
Así las cosas, mostró su sorpresa por las críticas de los populares porque, subrayó, “cualquier partido” que haya gobernado es conocedor de que los informes “pueden ser verbales o escritos”. Incluso, sostuvo que el gobierno del PSOE ha seguido el “mismo” criterio de Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda del PP, y, en consecuencia, “el mismo que tenía el Partido Popular”.
Con todo, Montero reiteró que no se va a “dar por vencida y, aunque no son obstáculos fáciles, quiero buscar soluciones”, siendo “conscientes” de que las comunidades autónomas necesitan de los anticipos financieros para poder continuar con su funcionamiento.
¿También se rebelan quienes utilizan dinero público para embajadas del procés o para sufragar la educación concertada? Al enemigo ni agua y que lo expliquen a sus votantes.
Es respetable y libre la disposición que cada uno haga de su pecunio, pero utilizar el erario público para patrocinar causas ilegales o beneficiar a los amiguetes es una atrocidad y quienes lo permiten se convierten en cómplices.