También abre expediente disciplinario a Amalia Calonge, la funcionaria que cambió las notas.
Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, URJC, anunció ayer que suspende de sus funciones, “como medida cautelar”, a Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público y responsable del Máster que, supuestamente, obtuvo Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid. Asimismo ha abierto expediente disciplinario a Amalia Calonge, “implicada en las graves irregularidades detectadas”, reza la nota emitida por la Universidad. La apertura de este expediente contradice la versión inicial del Rectorado, que mantenía que había habido una “mala transcripción de las notas en la plataforma informática” en dos asignaturas de la, en 2014, delegada del Gobierno en Madrid.
Ha sido Abraham Duarte, vicerrector, quien ha resumido el comunicado de la Universidad, en cumplimiento de la promesa hecha por Ramos de compartir las conclusiones de la información reservada. “El equipo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos ha tomado todas las medidas necesarias para erradicar definitivamente cualquier acto o situación irregular y esclarecer todos los hechos”. Así, el rector quiere aislar las irregularidades y imputarse las al Instituto de Derecho Público, con personalidad jurídica propia, a pesar de que el problema afecta a toda la universidad, puesto que es a quien se paga la matrícula y quien expiden el título. En cambio, en el resumen del Documento apenas se detallan las medidas que se van a adoptar y tampoco las conclusiones a las que ha llegado la instructora de la investigación, Pilar Trinidad.
Opacidad
No se ha anunciado sanción alguna o expediente a Pablo Chico, el catedrático que ordenó cambiar la nota de su asignatura a la funcionaria, ni tampoco se sabe si las tres componentes del Tribunal que debía calificar el TFM de Cifuentes, Alicia López de los Mozos, Cecilia Rosado y Clara Souto, han quedado exculpadas, y tampoco se menciona la presunta falsificación de firmas en asignaturas convalidadas a la presidenta de la Comunidad madrileña, o si se ha encontrado o no el TFM, o alguna de las actas. En definitiva mucha opacidad. Dos de las profesoras implicadas, Rosado y Souto, ni Álvarez Conde han querido declarar ante Trinidad, algo que ha debilitado su investigación y la de los enviados por la CRUE, a lo que se une que la confesión de López de los Mozos, a la instructora y luego a la Policía, de que ella no formó parte del tribunal del TFM, ha llevado a que parte de la investigación esté judicializada.
Sí se ha anunciado “el inicio de auditorías de todas las actividades relacionadas con los institutos y centros propios de la Universidad”, según dice la nota, a la búsqueda de la constatación de que la actividad de estos organismos se atiene a “la legalidad vigente y la ética profesional”. Finalmente, caso de confirmarse y si hay sentencia firme, el rector iniciará los trámites para quitarle el título a Cifuentes.