El procedimiento de infracción se abrió en octubre de 2017.
España sigue sin cumplir la normativa europea que exige la instalación de contadores individuales de calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración en los edificios de apartamentos y polivalentes cuyos ocupantes reciban el servicio de una instalación colectiva, informa Europa Press. esto ha llevado a que la Comisión Europea haya denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Esta es la última fase del procedimiento de infracción abierto en octubre de 2017, cuando el Ejecutivo comunitario envío una carta de emplazamiento. Posteriormente, en marzo de 2018, Bruselas remitió a las autoridades españolas un dictamen motivado, advirtiendo de que el caso podría terminar ante la Corte europea, como finalmente así ha sido.
La norma europea determina que la instalación de contadores individuales es aplicable, siempre que sea técnicamente viable y rentable, a todos los edificios existentes. En cambio, España solo ha impuesto este requisito a los edificios construidos después de 2007. Además, “este requisito tampoco ha sido correctamente transpuesto por España”, informa el Ejecutivo comunitario en un comunicado, ya que se deben utilizar calorímetros instalados en cada radiador.
La implementación proporcionaría un ahorro de más de 200 euros al año para las familias españolas, además de la reducción de CO2. A todo ello se añade que la normativa europea, que data de 2012, debería haberse incorporado al marco legislativo nacional antes del 5 de junio de 2014.
La directiva europea sobre eficiencia energética tiene como finalidad la oferta a los consumidores de incentivos con el fin de regular eficazmente el consumo de energía y, así, reducir la factura energética. El propósito final es que el bloque comunitario alcance el objetivo de eficiencia energética del 20% para 2030.
Ya existe un borrador del real decreto, pendiente de ser enviado al Consejo de Ministros para ser aprobado, se espera, antes de las elecciones del 28 de abril. Si el Gobierno no lo lleva adelante, España se expondría a una sanción que ya tiene un precedente de 45 millones de euros de multa que la UE impuso a España en 2018 porque en 17 comunidades autónomas no se trataban las aguas.
Con la transposición de la directiva, además del ahorro económico para más de un millón de familias y la reducción de una tonelada métrica de dióxido de carbono, se crearían 3.000 nuevos empleos. En Europa hay más de 30 millones de viviendas dotadas con este tipo de medición individual, es decir, 150 millones de dispositivos instalados. En España solo hay 150.000 viviendas.