Desde 1950, China gobierna la región con puño de hierro.
Ayer se conmemoró el 60 aniversario del levantamiento popular en Tíbet que permitió que el Dalai Lama, líder espiritual de la región, consiguiera huir y exiliarse en India. Seis años después de aquellas revueltas, el Gobierno chino estableció la llamada Región Autónoma del Tíbet.
El reino budista evolucionó desde el siglo XV a un estado religioso bajo el liderazgo del Dalai Lama y con la capital en Lhasa. En 1950, la recién fundada República Popular de China invadió Tíbet, gobernando desde entonces con puño de hierro y denunciando al líder espiritual como un peligroso independentista bajo la imagen de un hombre de paz que solo pide autonomía para su patria.
En la actualidad, hay un intento diplomático para modificar en parte la situación. El Senado de Estados Unidos aprobó la semana pasada la Ley de Acceso Recíproco a Tíbet con la intención de impulsar el acceso a la región de diplomáticos estadounidenses, periodistas y ciudadanos. Queda que la ratifique Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en medio de las duras negociaciones comerciales con China, que ha criticado la iniciativa al considerarla una “injerencia en los asuntos internos” del país, presentando enérgicas protestas de los diplomáticos ante sus homólogos en Washington.
El Gobierno chino sostiene que cada año permite el acceso a Tíbet a miles de turistas y a, incluso, políticos extranjeros. En cambio, la región está cerrada hasta el 1 de abril, como han confirmado las agencias de viaje con sede en la ciudad china de Chengdu.
Por otro lado, el grupo de estudios Freedom House sitúa a Tíbet como una de las regiones del mundo con menores derechos y libertades. “A los residentes de etnia china y tibetana se les niegan los derechos fundamentales, pero las autoridades son especialmente rigurosas en la supresión de cualquier signo de disidencia entre los tibetanos, incluidas las manifestaciones de creencias religiosas y de identidad cultural exclusivamente tibetanas”, señala. Asimismo, “las políticas estatales alientan la migración a otras partes de China, reduciendo la participación de la población étnica tibetana”, apunta.
Esta opinión es compartida por Naciones Unidas y la mayoría de las agencias internacionales. Incluso, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU alertó el pasado verano del “rápido deterioro” de las condiciones humanitarias en la región. Según la campaña Save Tibet, ha aumentado el control ejercido por las autoridades chinas. Precisamente en este aniversario se ha puesto en marcha “un nuevo elemento de autoritarismo”, el reconocimiento facial y el control en tiempo real en los taxis en Lhasa, denuncia. “Incluso en un taxi, las autoridades podrán seguir cada conversación y el movimiento de personas en la capital histórica y cultural del Tíbet”, señala.
Y apunta: “Durante este período, las autoridades chinas han hecho particularmente peligroso que los tibetanos se comuniquen con el mundo exterior, y existen severas restricciones de información en el contexto de una escalada constante en su control sobre todo Tíbet y la imposición de una vigilancia total”.