La deuda pública de Italia supera en 130% del PIB, causa suficiente para que la Comisión Europea haya activado este miércoles el procedimiento para sancionar al país transalpino al no haber adoptado las medidas adecuadas y suficientes para reducirla. Además, la previsión es que siga creciendo en los próximos años, y ahí que la sanción pueda alcanzar el 0,2% del PIB, alrededor de 3.500 millones de euros.
No es la primera vez que las autoridades comunitarias alertan acerca de la incapacidad del Gobierno italiano a la hora de reducir su deuda. Ya a finales de 2018 se canceló el procedimiento porque las autoridades italianas cedieron y modificaron el presupuesto para 2019, adaptándolo a las reglas fiscales europeas.
Tras los últimos datos, la autoridad ejecutiva del bloque comunitario ha solicitado la reapertura del expediente por considerar que Roma se ha relajado en sus esfuerzos presupuestarios. Tal es así que la deuda pública cerró 2018 en el 132,2% del PIB, y seguirá creciendo en 2019 hasta el 133,7% y el 135,2%en 2020. Todo ello, en un escenario de crecimiento económico débil.
Según ha manifestado Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, esta primera fase no supone la apertura del expediente, pero, alerta, “es mucho más que únicamente un procedimiento”. Antes de iniciarse el proceso sancionador, los Estados miembros deben confirmarlo. “Cuando miramos la economía italiana, estamos viendo el daño que están haciendo las recientes decisiones políticas”, ha indicado Dombrovskis, para luego advertir de que “lo que le pasa a un país de la eurozona le afecta a todos los demás”.
El nivel de deuda pública de Italia supone una carga media de 38.400 euros para cada ciudadano, destaca el letón, a lo que se añaden mil euros por habitante debido a los costes de los servicios de deuda. Pero no sólo eso, sino que una deuda pública tan elevada “expone al país a problemas de confianza los mercados”, es decir, un impacto o de los tipos de interés y en los costes de financiación real.