Dice que es inconstitucional la ley que impone su jubilación.
Malgorzata Gersdorf, la presidente del Tribunal Supremo de Polonia, no ha aceptado su jubilación impuesta por el Gobierno mediante una ley que obliga a los jueces mayores de 65 años a retirarse y ha ido a trabajar a la sede del más alto tribunal polaco. A su llegada ha dicho: “Mi presencia aquí no es por política, estoy aquí para proteger el Estado de derecho”, acompañada por seguidores y políticos de la oposición.
La magistrada asegura que la ley por la que los jueces mayores de 65 años deben jubilarse es inconstitucional y no puede ser aplicada. La oposición y los críticos con el Gobierno ultraderechista advierten de que esta norma tiene como objeto controlar el sistema judicial.
La ley obliga a jubilarse a los jueces mayores de 65 años
Ayer entraba en vigor esta ley promovida por el partido Ley y Justicia, PiS, que jubila obligatoriamente a los jueces mayores de 65 años, lo que de hecho supone el cese de más de un tercio de los magistrados del Supremo, en concreto, 27 de 70, salvo que el presidente Andrzej Duda prorrogue su mandato.
Mientras que el martes un asesor de la presidencia de Polonia confirmaba que Gersdorf quedaría retirada desde ayer en la aplicación de la nueva norma, el Supremo respondió que no acataba esa jubilación obligatoria y que la presidente seguiría en su cargo. Coincide todo ello con que, el lunes, la Comisión Europea abrió expediente contra Polonia por la ley del Tribunal Supremo, al entender que esta norma socava el principio de independencia judicial.
La UE emplaza a Polonia a dar explicaciones
Así, la Unión Europea emplaza al Gobierno polaco de Mateusz Morawiecki a, en el plazo de un mes, responder a las autoridades comunitarias. Si Bruselas entiende que Varsovia sigue sin resolver la situación, se podría llegar a un procedimiento de infracción que podría acabar llevando al Ejecutivo de Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La ley permite a los jueces que declaren su voluntad de continuar por un período de tres años, que podría renovarse en una ocasión, pero el Ejecutivo comunitario denuncia que no se establecen los criterios en los que se base la decisión de prorrogar o no el mandato ni la posibilidad de recurso ante la decisión que se tomara. En consecuencia, la Comisión Europea destaca que estas medidas socavan el principio de independencia judicial y que, por tanto, se incumple el Tratado de la Unión Europea y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.