Disidentes de las FARC, ELN y otros grupos siguen reclutando a niños.
Del informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia sobre el primer año del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, se desprende que más de cien líderes sociales fueron asesinados en 2017, siguiendo un patrón de violencia que afecta a las zonas rurales que antes controlaba la guerrilla, ahora llamada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. La ONU se muestra “extremadamente preocupada por el aumento de defensores de los Derechos Humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Estado para reducir estos ataques”. En 2017 se produjeron 441 ataques, 121 de los cuales fueron asesinatos, y de ellos, catorce contra mujeres. Los más afectados son indígenas, afro descendientes y líderes sindicales.
La débil presencia estatal y la lenta implementación del acuerdo de paz firmado han propiciado la penetración de grupos armados en las zonas antes controladas por las FARC, donde se produce el 64% de los asesinatos, que, según señala el Alto Comisionado, cumplen tres características, “la presencia de economías ilícitas –tráfico o producción de droga, minería ilegal o extorsión-, una tasa de homicidio que supera los niveles de violencia endémica y una tasa de pobreza multidimensional más alta que la media nacional”. “Algunos de los asesinatos de defensores de Derechos Humanos, especialmente aquellos en antiguas zonas de influencia de las FARC, se podrían haber evitado con una respuesta oportuna y coordinada del Estado a la implementación del acuerdo de paz”.
La violencia afecta a la población civil
Según la Oficina, la población civil que habita en estos territorios es la más afectada por la ola de violencia, lo que trasciende al ámbito de los activistas. En el último trimestre de 2017 hubo “cuatro masacres en el contexto de disputas por el control de economías ilícitas en antiguas zonas de las FARC”. A ello se une la denuncia del Alto Comisionado por “la persistencia del reclutamiento y la utilización de niños en áreas donde operan ex miembros de las FARC”, así como por parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y de otras organizaciones criminales. En ese sentido, las FARC se comprometieron a entregar a todos los menores en su poder, pero, según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos sólo ha liberado a 135, 75 niñas y 60 niños.
La Consejería también ha señalado que “aquellos que han decidido regresar a sus familias, la cual ha sido la opción más recurrida, se encuentran con falta de acceso a la salud y a la educación, lo cual es frecuente en las zonas rurales de Colombia”. También ha incidido en que “los que permanecieron en los centros tienen mejor acceso pero se encuentran lejos de sus familias”. La Oficina insiste en su preocupación por la actitud de las fuerzas de seguridad colombianas, refiriéndose a los casos de falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros caídos en combate de forma que se obtienen beneficios profesionales. También preocupa la “impunidad selectiva” en los casos de oficiales de alto rango, recordando que algunos investigados, “en vez haber sido sometidos a un proceso de depuración”, han sido ascendidos.
Recomendaciones
El informe lanza diecinueve recomendaciones y aconseja que se acelere la aplicación del acuerdo de paz. Es consciente de que “ha habido mucha resistencia a la implementación del acuerdo de paz en varios sectores de la sociedad, incluyendo actores políticos y económicos, instancias legislativas y judiciales, así como funcionarios”, observando con preocupación “los graves obstáculos a la implementación del capítulo del acuerdo de paz relacionado con la participación política, debido a los ataques por parte de los sectores políticos interesados en mantener el statu quo o que tienen alguna otra razón para oponerse al acuerdo”.