La considera la principal inductora de la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster.
Mediante un comunicado, la Fiscalía de Madrid ha anunciado que pide tres años y tres meses de cárcel para Cristina Cifuentes, ex presidente de la Comunidad de Madrid, al considerarla la principal inductora a falsificar el acta del Trabajo de Fin de Máster, TFM, que presentó ante los medios de comunicación y redes sociales después de estallar el escándalo del caso máster.
Según el Ministerio Público, mostró dicho documento “para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”, reza el escrito. Por su lado, la Universidad Rey Juan Carlos, URJC, ha pedido una condena de cuatro años de prisión. La juez Carmen Rodríguez-Medel inició en noviembre el proceso para encausar a Cifuentes.
La ex jefa del Gobierno regional sigue sosteniendo que no “presionó” a nadie y que no “se ordenó la confección de ninguna falsedad”. Pese a ello, la acusación pública mantiene que María Teresa Feito, una de las asesoras de la ex presidente, fue enviada a la universidad “para que hiciera las gestiones oportunas” cuando el diario.es hizo saltar la trama.
Así, se hizo una nueva acta con “apariencia de similitud” “a sabiendas” de que Cifuentes “jamás” había defendido el TFM, no había hecho los trabajos y no había aprobado las asignaturas necesarias para obtener el título. Su único objetivo era “resolver la crisis que la noticia había provocado”, afirma el Ministerio Público.
El pasado 15 de febrero, Enrique Álvarez Conde, considerado el cerebro de la trama, compareció en la comisión de investigación que se creó en la Asamblea de Madrid y fue entonces cuando denunció por primera vez que fue objeto de “fuertes presiones” de la Comunidad y del rectorado después de que estallara el escándalo. “Siempre actúe dentro de la más absoluta legalidad”, dijo, a pesar de lo que la acusación pública sigue sin creer esta versión y pide para él tres años y nueve meses de cárcel para entender que es el autor indirecto de un delito de falsedad documental.
La Fiscalía sostiene que, tras la rueda de prensa en la que Álvarez Conde compareció ante los medios junto al rector de la Universidad para salir del paso por la presión pública, llamó por teléfono a Cecilia Rosado, una de las profesoras que firmó el acta del TFM falsificada, y “dio instrucciones para confeccionar el documento que reflejase que Cifuentes había defendido el TFM el 2 de julio de 2012 ante el tribunal”, que habría sido conformado por Rosado, Clara Souto y Alicia López de los Mozos, también imputadas durante la instrucción de la causa.
Para Rosado, el Ministerio Público pide una condena de 21 meses. En el documento de la Fiscalía se dice que la profesora obedeció por la “fuerte jerarquía” que había entre ella y el catedrático “y ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo de no acatar lo que se le pedía”. Incluso, llegó a dar un notable, 7,5, en el acta y después falsificó las firmas de Souto y López de los Mozos.
Para Feito, la acusación pública solicita tres años y tres meses de prisión porque la ex asesora de la ex presidente llamó hasta en 21 ocasiones al teléfono personal de Rosado de manera “agobiante” e “incesante”, “indicándole que aquella situación debería quedar resuelta como fuere y que en caso contrario la acusada Cristina Cifuentes les iba a cortar la cabeza”.