Los familiares del ex tesorero sospecharon del despliegue policial tras el supuesto secuestro.
Fueron tres días los que estuvo la Policía en el domicilio de la familia Bárcenas con el fin de localizar documentos cuyo contenido afectaba a importantes dirigentes del PP en aquel momento, como eran Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal, utilizando la excusa de que era preciso proteger a la familia después de haber fracasado el secuestro.
Este hecho se ha conocido a través de OKDIARIO, del mismo modo que la actuación de un falso sacerdote que no consiguió adquirir los tres pendrives que, tal como expuso a la Policía el chófer, el propio Bárcenas había ocultado en su vivienda familiar.
Algunas fuentes cercanas al ex tesorero han trasladado que, en aquellos momentos, (23 de octubre fecha del supuesto secuestro), la familia de Bárcenas sospechó de ese despliegue policial. El ex tesorero se encontraba por aquel entonces en la prisión de Soto del Real. Las sospechas de aquel despliegue policial no vinieron sólo por su duración sino además porque a los policías de los primeros momentos se les sustituyó por otros que eran totalmente ajenos a una investigación de este tipo.
Transcurridos cinco años, la familia del ex tesorero del Partido Popular no tiene duda alguna de la información que ha sacado a la luz OKDIARIO: el sacerdote falso fue contratado por la Policía y era un mercenario, se pretendía investigar desde dentro y registrar la vivienda para encontrar los documentos que implicaban a altos cargos y que el falso sacerdote no había podido encontrar. Además, sospechan incluso que hubiesen podido colocar micrófonos en el interior del domicilio.
Todos esos detalles sumados a que el chófer se había convertido en topo de la Policía, situaba a la familia del ex tesorero como objetivo de vigilancia. El entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y otros cargos del Gobierno y del Partido Popular mantenían su preocupación porque la información guardada por Bárcenas podía ser conocida, ya que éste había estado al frente de las finanzas del Partido desde junio de 2008 hasta julio de 2009, en sustitución de Álvaro Lapuerta.
El ex tesorero fue cesado tras explotar el caso Gürtel e ingresó en prisión en 2013.
Independientemente de que el secuestro se frustró, lo cual puso en peligro la operación Cuisine, se recibieron órdenes del Ministerio del Interior para seguir con la vigilancia tanto a Luis Bárcenas, como a Rosalía Iglesias, su esposa, y a su hijo. Se organizaron dos grupos entre los agentes del Área Especial de Vigilancia que se repartieron en diez unidades, las cuales no abandonaban los alrededores del domicilio de la familia en Príncipe Vergara, y los agentes de Información intentaban localizar los “papeles” en el interior de la vivienda.
La presión y el control ejercido por la Policía, tuvieron lugar antes de que entrara el falso sacerdote a la vivienda familiar de Bárcenas. El control llegó incluso a realizar seguimientos al hijo del ex tesorero, Guillermo, haciendo incluso informes den los lugares que frecuentaba los días anteriores y posteriores al secuestro. Más tarde, se dejaron de realizar estos controles ya que concluyeron que el hijo de Bárcenas no estaba al tanto del lugar donde se hallaban “los papeles”.
Cuando se produjo la entrada del falso sacerdote en el domicilio de Bárcenas, se realizó un control exhaustivo. Se relató en directo a los mandos policiales la entrada del mercenario y de la entrada del chófer-topo. Fuentes que tenían conocimiento de todo lo que estaba sucediendo informaron a OKDIARIO que el plan se conocía semanas antes. El objetivo era recuperar los pendrives y el mercenario al que se le había encargado la misión era “un profesional”.
El operativo que se activó contra la familia del ex tesorero, el cual está siendo investigado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, fue una medida que el Ministerio del Interior autorizó extrajudicialmente para que los jueces no pudiesen investigar el caso Gürtel y de este modo no tendrían acceso a la contabilidad B del Partido Popular y los sobresueldos que se habían adjudicado sus dirigentes.
En un informe elaborado por la Unidad de Asuntos Internos se indica que José Villarejo y Enrique García Castaño fueron los comisarios que pusieron en marcha este operativo policial. Este informe ha sido entregado al juez de apoyo del Juzgado Central de Instrucción numero 6 de la Audiencia Nacional.