La mayoría de los contribuyentes, aquí en España, en Estados Unidos y en casi cualquier parte del Planeta -al menos en las zonas más civilizadas- son buenos cumplidores de sus obligaciones tributarias. A casi nadie le entusiasma pasar por caja con el fisco, pero lo hacemos porque es un “mal necesario”. Y es que los impuestos y demás tributos y cotizaciones financian las escuelas, los hospitales, las carreteras, la Seguridad Social y muchas otras prestaciones y servicios públicos a los que no queremos renunciar.
Puesto que pagar impuestos es un sacrificio -un sacrificio razonable como hemos visto, pero un sacrificio, al fin y al cabo-, debemos exigir a nuestros cargos públicos ejemplaridad y transparencia fiscal: son nuestros representantes y deben rendirnos cuentas, así que deben ser buenos cumplidores de la ley.
Sin embargo, hay personas en las más altas esferas políticas que arrojan muchas dudas sobre su comportamiento en lo tocante a la Hacienda Pública. Recientemente, el New York Times desvelaba un informe que parece confirmar las sospechas de mala praxis en materia tributaria que persiguen al 45º Presidente de los USA, Donald Trump, desde que a principios de 2017 accediese al cargo. Si hacemos memoria, fue el primer presidente en varias décadas en negarse a hacer público su expediente fiscal y ha erigido un “muro de opacidad” más inexpugnable si cabe que el muro que pretendía levantar en la frontera con México. Pero puede que el dicho “torres más altas han caído” -y no lo digo refiriéndome a la Trump Tower- se haga realidad en esta ocasión.
La pregunta que os lanzo a modo de cierre, queridas lectoras, queridos lectores, es la siguiente: ¿se pondrá de su parte el pueblo estadounidense viéndolo como una víctima de la voracidad del IRS -organismo homologable a nuestra Agencia Tributaria- o hasta en la cuna del capitalismo la ciudadanía está harta de los privilegios de los poderosos?