Aunque a largo o medio plazo terminará aplicándose, el Gobierno ha preferido aparcar, por el momento, el llamado ‘Impuesto al Diésel’. Al menos como se planteó en su primera hoja de ruta de 2019. La crisis del sector del automóvil a causa de la Covid-19 aconsejaba apartar esta medida momentáneamente.
En todo caso, España tendrá que terminar aplicando ese ‘Impuesto al Diésel’. Emana de una directriz de la Comisión Europea que nuestro país lleva incumpliendo desde hace años.
Una de las medidas es eliminar la bonificación que ahora tiene el diésel, por lo que se encarecería unos 3,8 céntimos por litro. Así, llenar un depósito supondría un coste mayor de entre 1,5 y 2 euros más. No obstante, el diésel profesional quedaba exento.
Desde el Ministerio de Transición Ecológica no detallan en qué consistiría la iniciativa ni en qué situación se encuentra. Remiten al Ministerio de Hacienda. En éste apuntan a ElEconomista que “la agenda fiscal del Gobierno es la que está definida en los acuerdos de coalición”. “Nos remitimos a lo que aparece en el acuerdo de coalición”, insisten.
En ese documento no hay nada definido respecto a ese ‘Impuesto al Diésel’. El apartado 10.3, bajo el epígrafe Adaptación del actual sistema tributario a la economía del siglo XXI, sí lo menciona indirectamente. Lo hace refiriéndose a “la nueva fiscalidad verde como mecanismo para desincentivar comportamientos nocivos para el medio ambiente”. Pero no hay más detalles.
Ahora bien, introduce un matiz de corte social, defendiendo aplicar la medida “evitando siempre que cualquier modificación recaiga sobre las clases medias y trabajadoras o sobre autónomos y pymes”. Se trata de una imprecisión que choca de frente con el ‘Impuesto al Diésel’.
Desde Unidas Podemos explican que ese planteamiento de 2019 no era acertado. Se cobraría más, precisamente, a los colectivos más pobres, usuarios de vehículos más antiguos. Lo que sí está claro ahora es que, por el momento, esa figura queda aparcada.