El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno envió a Bruselas este viernes contempla la supresión de la tributación conjunta de convivientes.
Este Plan, necesario para que lleguen los fondos europeos a España, incluye una reforma del sistema tributario español. Pretende que sea “más equitativo, progresivo y justo”.
En ese sentido, entre las medidas, sobresale la “desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio”.
De este modo, el Ejecutivo plantea terminar con estas ayudas fiscales en el IRPF del que se benefician unos dos millones de hogares. Esta forma de tributar consiste en elevar hasta los 3.400 euros el mínimo exento del impuesto.
En los últimos Presupuestos Generales del Estado se cifró en unos 1.000 millones al año.
Según consta en el Plan, este sistema tributario “genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de la renta”, mayormente mujeres.
Asimismo, señala que “un sistema tributario moderno no debe servir exclusivamente para procurar unos ingresos que financien el gasto público”. “Debe contribuir directamente a potenciar el impacto de las políticas públicas, sirviendo de catalizador para lograr transformaciones en ámbitos como la igualdad de género”, reza.
A ese respecto, “hay bastante consenso en que esta medida desincentiva la entrada de la mujer en el mercado laboral”, esgrime el Ministerio de Hacienda.
La AIReF ve ventajas y desventajas en la tributación conjunta
Se basa en parte en el informe que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) elaboró el año pasado. En él se daba un repaso a los pros y las contras del sistema tributario español y hacía hincapié en este modelo de tributación conjunta.
Entonces calculó el coste que supone para las arcas públicas, cifrándolo en 2.293 millones, con 4,2 millones de beneficiario, 2,1 millones de hogares. Esto es el 18% de los contribuyentes y el 17% de las familias.
Según AIReF, el beneficio fiscal se distribuye homogéneamente y sin alterar la desigualdad. Sin embargo, el coste recaudatorio converge en la parte alta de la distribución. Es decir, “El 10% de mayor renta genera el 19,5% del coste total del beneficio”, unos 466 millones.
ES este organismo el que señala que este beneficio también “genera un desincentivo a la participación laboral de los segundos perceptores”. A su vez, esto “acentúa los problemas de brecha de género”.
De hecho, según explica, las mujeres que se benefician de la tributación conjunta tienen una participación laboral 19 puntos inferior que las que no.
Facilitar el interés por trabajar
Por tanto, el Plan “pretende facilitar que entre” los miembros de las familias “haya interés y capacidad para abordar los retos del sistema impositivo vinculados a prevenir y erradicar desigualdades de género en el propio sistema y de la sociedad”.
En países como Alemania o Portugal se hace una media de las rentas de los dos cónyuges de modo que paguen menos que si tributan por el total.
Por su lado, en Francia se opta por calcular un cociente familiar. Así, dividen por el número de miembros y, en consecuencia, se reduce más el pago en las familias con más hijos.
En otros muchos países se va tendiendo a hacer obligatoria la tributación individual.