Con la aprobación del anteproyecto de ley para luchar contra el desperdicio alimentario, el Gobierno pretende impulsar la venta de alimentos “feos, imperfectos o poco estéticos”, pero en condiciones de consumo. Asimismo, fomenta la venta de alimentos de proximidad, ecológicos y a granel.
Luis Planas, ministro de Cultura, Pesca y Alimentación, explicó en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este lunes que la nueva norma pretende evitar la pérdida de alimentos en la cadena alimentaria.
Así, Planas insistió en que la ley busca una reducción drástica del desechar alimentos “feos” que acaban en la basura. Asimismo, impulsar un mejor aprovechamiento de estos productos que están en perfectas condiciones de consumo, pero que no se compran debido a su estética.
Los datos del Ministerio de Cultura, Alimentación y Pesca de 2020 son de por sí elocuentes. Las familias españolas tiraron a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos sin consumir. Esto supone unos 31 kilogramos por litro per cápita.
Esta ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario consta de 15 artículos, cuatro exposiciones finales y una adicional.
Con ella, el Ejecutivo de Pedro Sánchez confirma su compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
Naciones Unidas aspira, así, a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el mundo. Algo que se dirige tanto a la venta al por menor y entre el consumidor como a la cadena de producción y suministro.
No hay justificación para tirar los alimentos ‘feos’
Y es que, para el Gobierno, la lucha contra el despilfarro es un imperativo ético que tiene que aparcar al conjunto de la sociedad. Además, considera que ese despilfarro perjudica al encarecer el acceso a bienes de primera necesidad.
Asimismo, malgastar recursos naturales escasos, se incrementan los residuos y, con ello, el impacto ambiental. Además, obstaculiza la eficiencia del sector productivo y su competitividad.
Por ello, “todos” los agentes de la cadena alimentaria tendrán que dotarse de un plan de prevención para evitar el despilfarro. También establece una jerarquía de prioridades, obligando, como primera de ellas, a la donación a empresas sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.
La segunda prioridad es la obligación de que aquellos alimentos “feos” no vendidos se transforme en zumos, mermeladas, etcétera. Si no son aptos para el consumo humano, se deberán utilizar como subproductos para la alimentación animal o para fabricar piensos.
Otra alternativa es para la industria, compost de calidad para uso agrario, o para obtener biogás u otros combustibles.
Entre otras obligaciones, los agentes de la cadena agroalimentaria tienen que impedir el desecho de alimentos en la basura. Con ese objetivo, deberán disponer de instalaciones adecuadas y formación de personal para los procesos de manipulación.
Por otra parte, aquellos productos con fecha de consumo preferente vencida se presentarán al consumidor separadamente. Claramente diferenciados del resto, se ofrecerán con precios inferiores, aunque también se podrán destinar a la duración.