Los presos del procés, condenados hasta a 13 años de prisión, han obtenido el tercer grado tan sólo nueve meses después de conocer sus condenas.
Es lo que la Consejería de Justicia de la Generalitat ha comunicado después de aceptar la propuesta de las juntas de tratamiento de las respectivas cárceles donde los nueve condenados cumplen condena. Por tanto, los presos del procés pasan a un régimen de semilibertad.
El Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales ha valorado distintos elementos para validar el tercer grado penitenciario. Así lo explica la Generalitat. Entre las razones consideradas, el “bajo riesgo de incidencia” de los condenados por sedición, con Oriol Junqueras, líder de ERC, a la cabeza. Asimismo, destaca, la participación de los condenados “en actividades de razonamiento, juicio crítico y resolución de conflictos”.
Según subrayan, han colaborado en prisión y no han recibido sanciones. En consecuencia, “con el objetivo de favorecer y consolidar el itinerario de reinserción sociolaboral en el ámbito privado, el Servicio de Clasificación acuerda dar continuidad a sus programas de tratamiento con un régimen de mayor autonomía”.
Ahora, las juntas de las prisiones establecerán al régimen de vida de cada uno de los presos del procés en el tercer grado. Especialmente, se fijarán los horarios de entrada y salida.
Inicialmente, los internos en tercer grado solo tienen que dormir en el centro de régimen abierto los días laborables. En cambio, podría incluso evitarse con medidas como pulseras telemáticas.
Las juntas también tienen que fijar a partir de qué día entran en el nuevo régimen. La decisión se notificará a la Fiscalía, que podrá recurrirla ante el juez de vigilancia penitenciaria. No obstante, el recurso no implica que quede paralizado el proceso del tercer grado hasta que se resuelva.
La Fiscalía recurrirá el tercer grado de los presos del procés
Se da por hecho que la Fiscalía recurrirá aunque el juez avale la decisión y será el Tribunal Supremo quien dicte una última resolución.
Los presos independentistas disfrutaban ya de un régimen similar al tercer grado. Tal es así que la Fiscalía lo recurrió, al considerar que en realidad se trataba de un tercer grado encubierto.
De hecho, los internos disfrutaban ya de permisos de salida desde el momento en que fue legalmente posible, cumplida la cuarta parte de la condena. Hay que tener en cuenta que la sentencia se dictó en octubre. En cambio, los nueve condenados llevaban casi dos años en prisión provisional.
Igualmente, se les concedió el régimen flexible previsto en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario. De ese modo, podían salir a diario de prisión por una amplia variedad de razones, entre ellas trabajar o cuidar a un familiar.
La concesión del tercer grado de ahora llega de manera imprevista y acelerada. Según fuentes jurídicas, en toda España no se concede un tercer grado de manera tan rápida y con unas condenas tan altas. Tampoco en Cataluña, la única comunidad autónoma con competencias penitenciarias.
Para el Gobierno catalán era inevitable el cambio de grado
La Generalitat alega que era inevitable el cambio de grado. La Ley General Penitenciaria, argumenta, “impide que una persona preparada para el tercer grado se mantenga clasificada en segundo grado”.
Más en concreto, el artículo mencionado señala que “en ningún caso se mantendrá a un interno en un grado inferior cuando por la evolución de su tratamiento se haga merecedor a su progresión”.
El procedimiento lleva a que ahora los magistrados del Supremo que dictaron sentencia revisarán la situación de los nueve condenados. El Ministerio Público había pedido que se bloqueara el tercer grado para estos presos antes de que hubieran cumplido la mitad de la condena. El propio tribunal rechazó este extremo.
Con todo y con eso, esto último no representa que tenga que aceptar la resolución de la Generalitat. Muy al contrario, los jueces podrán revocar el tercer grado, forzando, de ese modo, que los presos del procés vuelvan al segundo grado en el que estaban.