García-Castellón: Suiza no puede negarse a cooperar en el caso Tsunami

García-Castellón: Suiza no puede negarse a cooperar en el caso Tsunami

Según el juez Manuel García Castellón, las autoridades suizas no pueden rechazar la solicitud de asistencia judicial de la causa por la que investiga a Tsunami Democrátic.

El magistrado de la Audiencia Nacional sostiene que los tratados internacionales que ambos Suiza y España suscribieron impiden que se rechace la cooperación con base en motivos políticos cuando se investigan delitos de terrorismo.

De este modo, García Castellón responde a la misiva que la Justicia suiza envió en diciembre diciendo que suspende la asistencia judicial solicitada.

Pedía la localización de Marta Rovira, secretaria general de ERC y huida al país helvético, así como movimientos bancarios de Tsunami Democrátic.

En su respuesta, las autoridades suizas solicitan información acerca de la futura Ley de Amnistía que se tramita el Congreso.

El juez sospecha que Tsunami se financió con fondos en Suiza

Asimismo, pedían explicaciones de los motivos para localizar a Rovira y por qué solicitaba movimientos bancarios de la plataforma independentista hasta junio de 2020.

Así, en un auto de este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 califica de “inadmisible” que la Justicia suiza pida estas explicaciones.

A su vez, recuerda que en España y en las democracias de la Unión Europea la labor de los jueces “es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”.

En ese sentido, el juez considera “llamativa” la petición de explicaciones sobre una ley que “se está preparando”. Una norma de la que, dijo, la autoridad de ejecución –los jueces- tiene conocimiento “por la prensa”.

“La explicación resulta manifiestamente inadmisible y no se puede sustanciar por este magistrado, sin entrar en más consideraciones de fondo”, sostiene en su respuesta.

Es más, destaca, “en un Estado con poderes separados, no corresponde a los jueces formular opiniones consultivas sobre leyes en trámite”.

Tampoco, “hipótesis sobre normas no publicadas ni en vigor, tal y como, de buen seguro, ocurre en Suiza”.

A ese respecto, defiende que “este magistrado desconoce cualquier cuestión relativa a la norma citada en la comunicación”.

De igual modo, “tampoco alcanza a advertir qué interés puede tener para quien atiende a una solicitud de naturaleza jurisdiccional, interrogar sobre una hipotética norma no aprobada”.

Al mismo tiempo, avisa sobre la “incongruencia que se advierte en la redacción de la petición”.

“De un lado”, razona, “el remitente refiere un pretendido trasfondo político de la solicitud de cooperación judicial”.

“Simultáneamente, interesa llamativamente sobre una cuestión de naturaleza eminentemente política ajena al estricto marco jurisdiccional en que debe ventilarse esta clase de solicitudes”, advierte.

Defiende su petición sobre Rovira por la vía judicial

En ese punto, el magistrado desliza una sospecha. “Semejante incoherencia podría hacernos pensar que el sesgo político más bien atiende a la voluntad del responsable que recibe la comunicación. Puesto que se plantea una cuestión que nada tiene que ver con la función de este instructor, la respuesta no puede ser otra que abstenerse de consideración alguna”.

Por otra parte, García-Castellón explica las razones que le llevaron a solicitar la localización de la dirigente de ERC por la vía judicial.

Así, defiende que acude a la vía de la cooperación judicial al tratarse de información que afecta a un derecho fundamental reconocido constitucionalmente.

Por tanto, considera que el instrumento que empleó ofrece mayores garantías que la vía policial, como cuestionan las autoridades suizas.

En cuanto a la solicitud de información bancaria de Tsunami Democrátic hasta junio de 2020, el juez explica que es la fecha en que se conoció la intención de la plataforma independentista de perpetrar actuaciones.

Además, sostiene que no sólo se trata de los hechos acontecidos en El Prat y Barajas en 2019. De hecho, dice, en la comisión rogatoria describe diversas acciones que no se circunscriben a un solo acto.

En concreto, acciones que se interrumpieron en 2020 por la crisis sanitaria y que Tsunami trató de reactivar a mediados de ese año, sin éxito.

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