Alrededor de las 11:30 horas de ayer comenzó el desalojo de la ‘rave’ de Llinars del Vallès, Barcelona, por parte de los Mossos d’Esquadra y Policía Local. Acudieron al lugar numerosos efectivos y furgones policiales.
Desde la noche de fin de año se celebraba en una nave abandonada una fiesta a la que asistieron alrededor de 300 personas. No cumplían las medidas sanitarias y de seguridad en prevención contra la Covid-19.
Según ha informado Pere Ferrer, director general de la Policía autonómica catalana, “de aquí se irán todos sancionados”. Con todo, el desalojo, dijo será lento ya que necesitan identificar a todos los participantes y proponer las preceptivas sanciones.
Los asistentes recibirán multa de hasta 3.000 euros. En cambio, los organizadores, ya detenidos, pueden esperar una sanción de hasta 600.000 euros “por incumplir la normativa del Covid”, apuntó Ferrer.
A ello se une que, explicó, “habrá toda la parte de tráfico, que son los controles que se están haciendo”, precisó en la mañana del sábado. Por tanto, si dan positivo en alcoholemia o drogas, también recibirán sanciones por ello.
El dispositivo organizado para el 31 de diciembre preveía inspecciones en locales y controles dinámicos. Además, había que garantizar el confinamiento perimetral de las comarcas de la Cerdanya y el Ripollès.
En total, se disponía de “3.000 agentes en toda Catalunya que se dedicaron a garantizar la seguridad de 7,5 millones de habitantes”, indicó. “Pero estos ilícitos penales, desafortunadamente, no los podemos evitar todos”, añadió el director general de los Mossos.
En su opinión, “lo que es evidente es que una actuación precipitada pocas horas después de un dispositivo de fin de año, con la magnitud de hoy de 200 agentes, ayer no se habría podido producir con garantías”. Ni para la gente ni para los policías, agregó.
Fuentes de la Conselleria de Salut, Alba Vergés, su titular, cursó la petición a la Conselleria de Interior para que se identificara a todos los asistentes a la fiesta. También, que se impusieran las correspondientes multas y se iniciara el desalojo.
Dichas fuentes precisan que “es exactamente lo mismo que se ha hecho en otras fiestas que incumplían la normativa. Nunca hasta ahora nos habían pedido un protocolo para actuar”.
Por su lado, Pere Aragonès, presidente en funciones de la Generalitat, ha enviado un tweet en el que anuncia la revisión, junto a Interior, del cómo se desarrollaron los hechos.
El fin no es otro que “evitar que vuelva a pasar una situación de estas características y para que las actuaciones sean más rápidas”.