Con la remodelación del Gobierno, el Ministerio de Transformación Digital que dirige José Luis Escrivá gana peso al asumir la Secretaría de Estado de Función Pública.
Unos cambios consecuencia de la salida del Ejecutivo de Nadia Calviño, que asume el 1 de enero la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
De hecho, este mismo viernes, Carlos Cuerpo, hasta ahora secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, pasó a sustituir a Calviño al frente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
Además, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, también ocupará la vicepresidencia primera del Gobierno, asumiendo, de este modo, la coordinación de la política económica.
Por eso, el departamento de Escrivá pasará a llamarse Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y aligerará la carga de Montero.
Su objetivo, según ha señalado el propio Pedro Sánchez, será aprovechar la digitalización para mejorar la calidad de los servicios públicos.
En ese sentido, el jefe del Ejecutivo ha explicado que pretenden “reforzar nuestra apuesta por una Administración moderna, más ágil y eficiente”.
“Para ello”, continuó, “debemos aprovechar la digitalización para mejorar la calidad de los servicios públicos”.
Los retos de Escrivá
Por tanto, ahora será Escrivá quien lidere la interlocución con los sindicatos de la Función Pública y transformar y modernizar la Administración Pública.
No obstante, lo más urgente es abordar las subidas salariales de los funcionarios para 2024, algo que se incluirá en los Presupuestos del año próximo.
De esta forma, lo acordado es un aumento de un 2% fijo, lo que podrá incrementarse con otro 0,5% según evolucione el IPC armonizado (IPCA).
En un total de tres años, la subida salarial de los empleados públicos debe alcanzar el 9,5%.
Así consta en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI que el Gobierno pactó con UGT y CCOO en octubre de 2022.
A su vez, el departamento de Escrivá tendrá que abordar un nuevo modelo de atención presencial a los ciudadanos sin cita previa obligatoria.
De esa forma, asegurar unos horarios flexibles y garantizando que la digitalización de los trámites administrativos no excluya colectivos.
Asimismo, otro reto es garantizar por ley un tiempo máximo de respuesta administrativa y un plazo máximo de 30 días para percibir prestaciones sociales. Especialmente, las más importantes, como el desempleo o la dependencia.
Además, el Gobierno tiene como objetivo aprobar una Ley de Función Pública de la Administración del Estado, como ya se pactó con los sindicatos.
Igualmente, entre los desafíos, completar la estabilización del empleo temporal en las administraciones.
El objetivo es la consolidación de un modelo de empleo público estable y de calidad, cumpliendo así con el 8% máximo de temporalidad que establece la ley.
Evaluación del desempeño
Por último, Función Pública tendrá que desarrollar las medidas de refuerzo para la evaluación del desempeño de los empleados públicos.
Dichas medidas se incluyeron en un Decreto-Ley de otras urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación y que entró en vigor el pasado día 21.
Así, la norma recoge cambios estructurales, incluyendo avances en la planificación estratégica de recursos humanos.
También se incorpora la evaluación del desempeño y nuevos sistemas de acceso a la Función Pública.
Más concretamente, se regula la evaluación del desempeño obligatoria, el procedimiento para valorar la conducta profesional y el rendimiento del personal.
Todo ello, con el propósito de mejorar la productividad y, de este modo, mejorar la prestación del servicio público.