Por Jacobo Baquero.
Joaquín Almunia se muestra abierto a dejar clara su posición. Recibe a Diario Progresista con simpatía y se sincera: “El virus no tiene ideología, ni tampoco los muertos. Y los políticos de uno u otro lado tienen la obligación de estar a la altura”.
Diputado por Madrid en el Congreso de los Diputados (1979-2004), Ministro de Trabajo y Seguridad Social (1982-1986), Ministro de Administraciones Públicas (1986-1991), Portavoz del PSOE en el Congreso (1994-1997), Secretario General del PSOE (1997-2000), Líder de la Oposición (1997-1998 y 1999-2000), Comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios (2004-2010), Vicepresidente de la Comisión Europea y comisario europeo de Competencia (2010-2014). Esta es la trayectoria de Joaquín Almunia.
Jacobo Baquero de Diario Progresista: Da la sensación en la opinión publica que la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 ha pillado desprevenida a la UE, parece que cada país ha actuado solo mirando sus intereses a nivel nacional y no en un interés comunitario. ¿Se encontrará una solución comunitaria conjunta, para sobrepasar la crisis o se debilitará la UE?
Joaquín Almunia: La pandemia nos ha pillado desprevenidos a casi todos. Sólo China y algunos otros países asiáticos como Corea del Sur han reaccionado más rápidamente y con más medios. Estaban preparados pues ya sufrieron hace pocos años otras epidemias fuertes. Además, son sociedades acostumbradas a la disciplina por carácter, y en el caso chino, además, viven bajo un sistema autoritario.
En el resto del mundo nunca pensamos que eso nos iba a pasar a nosotros. El virus llegó antes a Europa -Italia, España-, así que nosotros ya estamos ahora, a la hora de combatirlo, en una fase más avanzada que Estados Unidos.
¿Y en la Unión Europea?
En la Unión Europea se han adoptado en estos dos meses bastantes medidas, después de unos momentos iniciales de desconcierto y descoordinación. Lo acordado a nivel europeo, tanto por los distintos países miembros como por la UE, está frenando la pandemia y se han empezado a abordar sus consecuencias sociales y económicas. En las próximas semanas se espera un acuerdo para lanzar un plan europeo de recuperación y relanzamiento, que debiera entrar en vigor cuanto antes. Pero en materia sanitaria la UE no tiene competencias, y tiene que limitarse a apoyar y coordinar lo que deciden los países, ayudando a su financiación y protegiendo el mercado interior. En todo caso, yo soy bastante optimista sobre la capacidad política de las instituciones y líderes europeos para acordar las respuestas adecuadas y estar a la altura de este desafío histórico, como lo hicieron sus antecesores desde mitad del pasado siglo.
La preocupación es que los países del norte de Europa se muestran insolidarios con los del sur, más castigados. El primer ministro portugués se quejó de las palabras del ministro holandés de finanzas, y el gobierno de Italia no acepta el MEDE como mecanismo para la crisis económica. ¿Cree que para evitar toda esta situación debería de haber un gobierno independiente supranacional en Bruselas que vele por todos los ciudadanos y sea garante de equilibrio entre los distintos estados que sea capaz de hacer y actuar con independencia de los estados?
Es evidente que cada país puede tener la tentación inicial de poner por delante sus intereses nacionales, antes de plantearse cómo contribuir a las respuestas comunes a escala europea. Pero en pocas semanas, esas tentaciones se han corregido en buena medida, lo que no quiere decir que los gobiernos nacionales renuncien a defender a sus ciudadanos.
¿Holanda?
Declaraciones intolerables, como las del ministro de finanzas holandés, han sido muy criticadas incluso dentro de su propio gobierno, y no se han repetido.
Italia está muy enfadada.
En el caso de Italia, su postura contraria al MEDE no tiene explicación, pues lo que éste ofrece ahora es financiación barata y sin condiciones como las que se exigían en los rescates de la pasada crisis. De hecho, los italianos están ahora midiendo mucho más sus declaraciones. ¿Cómo evitar este tipo de reacciones, ya sean insolidarias o simplemente irracionales? Siendo como soy un europeísta convencido, no creo que la existencia de una Europa mucho más integrada nos fuese a solucionar por sí sola el problema. Seguiría habiendo posiciones divergentes, y tensiones territoriales. No hay más que ver el clima político español de estas semanas de pandemia. Lo que de verdad se necesita ahora con urgencia, en España y en toda Europa, son políticos responsables, capaces de defender sus respectivos puntos de vista con argumentos serios y con alternativas viables que ayuden a mejorar la acción de los gobiernos. No es momento de traicionar la ética política por un puñado de votos.
¿Qué hacemos con países como Países Bajos, Irlanda o Luxemburgo que casi son medio paraísos fiscales que hacen que la libertad e igualdad económica sea una quimera y no haya una competencia real entre países inspirada en el principio de igualdad?
Llegará un día en que la UE pueda eliminar las distorsiones creadas por los regímenes fiscales de algunos de sus miembros. Pero de momento, los repetidos intentos de la Comisión Europea para que sus propuestas en este sentido sean respaldadas por el Consejo chocan con la existencia de la regla de la unanimidad: la aprobación de la legislación europea en materia tributaria exige el voto favorable de todos y cada uno de los países de la UE. Así que cualquiera de ellos, por pequeño que sea, dispone de un derecho de veto. Hasta que desaparezca la unanimidad, desde la Comisión se vienen utilizando las reglas para el control de las ayudas de Estado, para paliar algunas de las consecuencias de esas distorsiones fiscales. Pero casi siempre sus decisiones sólo pueden afectar a empresas concretas, como en el caso Apple. Esta compañía se ha visto obligada a devolver 14.000 millones de euros para compensar las ventajas fiscales que le había otorgado el gobierno irlandés.
La presión política y ciudadana para poner coto a ese tipo de ventajas, ya sea en favor de una empresa, o de un país frente a sus socios europeos, es cada vez mayor. Así que es de esperar que más pronto que tarde se pueda acabar con esas ventajas y esos privilegios.
Vista la reacción de los estados me gustaría saber su opinión, en la última crisis la de 2008 muchos países fueron rescatados sobre todo del sur de Europa y entre ellos España. De los supuestos recortes impuestos por la UE, pienso en el colapso sanitario que se ha vivido en la crisis sanitaria. ¿La UE recomendó recortar en el presupuesto sanitario o fue decisión de los gobiernos? Porque ha afectado también bastante a países como Italia que tuvo muchos recortes en sanidad, sin embargo en países que no recortaron en sanidad véase ejemplo alemán, los fallecimientos han sido menores.
Como consecuencia de la crisis de 2008, se realizaron duros recortes presupuestarios. En muchos casos, tuvieron lugar en países que no estuvieron sometidos a un rescate europeo; fueron sus gobiernos y parlamentos los que, sin que mediase presión externa, decidieron actuar así para equilibrar sus cuentas públicas y moderar sus niveles de endeudamiento. También hubo varios casos de rescates europeos. Cuando algunos países perdieron su capacidad de financiarse en los mercados de deuda, o el coste de hacerlo era excesivo por los elevados tipos de interés que se les exigían para adquirir sus emisiones, tuvieron que acudir a pedir ayuda a sus socios. Grecia fue el caso más grave, y durante ocho años llegó a recibir cerca de 300.000 millones de euros en préstamos de los demás países europeos. Entre 2010 y 2013 también fueron rescatados Portugal, Irlanda, Chipre y España. En nuestro caso, tuvimos que pedir el rescate para poder cubrir el agujero generado en una parte de nuestro sistema financiero, en particular bastantes cajas de ahorro. Las condiciones pactadas a cambio de esos apoyos financieros fueron muy duras. La exigencia de austeridad fiscal se excedió claramente, por encima de lo que era absolutamente imprescindible, sobre todo en el caso de Grecia. Pero fueron los gobiernos de los países rescatados quienes negociaron las condiciones, y en última instancia decidieron el reparto de los esfuerzos exigibles a sus ciudadanos y a sus servicios públicos, incluidos los sanitarios. El ejemplo de España es muy ilustrativo: no todas las autonomías, responsables de la gestión sanitaria, impusieron los mismos recortes a sus hospitales o centros de salud. El gobierno nacional no tenía la última palabra. En cuanto al ejemplo italiano, ellos nunca han estado sometidos a ningún rescate.
Después de la salida de Reino Unido de la UE, se ha visto que los británicos se han aprovechado y enriquecido, y como ya no pueden sacar más provecho por eso han optado por salir. ¿Se debería de ser más estrictos a la hora de que entren nuevos socios?
El Brexit es un caso único, imposible que pudiese repetirse en otro país. ¿A quién beneficia? Todavía no se han acabado las negociaciones para cerrar el actual periodo transitorio y abrir la puerta a un marco de relaciones entre la UE y el Reino Unido que sustituya al existente hasta su salida de la Unión. Como la decisión de abandonarla fue irracional, los británicos no prestaron mucha atención a sus consecuencias económicas, que van a ser mucho más negativas para ellos que para nosotros. Ninguno de los 27 miembros de la UE quiere seguir el camino elegido por Londres, ni por supuesto van a estar dispuestos a admitir nuevos miembros que pudiesen estar tentados de imitarles en el futuro.
En la UE hay partidos de corte radical que perturban la vida común de la propia Unión. Por ejemplo la Hungría de Viktor Orban que muestra unas reacciones autoritarias en una UE que debería de ser garante de los valores democráticos. ¿Qué debe hacer la UE ante esto?
En todos los países europeos hay elecciones libres y cualquier partido o ideología puede acudir a ellas para solicitar el voto de sus ciudadanos. Pero como es obvio, en su actuación política todos deben respetar las reglas, los valores y los principios democráticos, conforme a lo establecido en sus respectivos ordenamientos constitucionales. En el Tratado de la UE, esos valores y principios están protegidos y garantizados. Es posible la apertura de un procedimiento para evitar que puedan ser conculcados en un país miembro, que puede llegar hasta la suspensión de sus derechos como miembro de la UE. Pero esa decisión está sujeta, según el artículo 7 del Tratado, a unos requisitos que hacen muy difícil su adopción. Hay otras vías, desde las sanciones económicas hasta las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, que están siendo utilizadas o pueden serlo en el futuro, para salir al paso de esas violaciones como alternativa más viable a la vía de la suspensión de los derechos del país miembro en cuestión.
Con respecto a la situación en nuestro país, uno se queda perplejo como en otros países casi todos los partidos políticos se juntan por estas circunstancias especiales y aquí en España estamos a la gresca, en perpetua campaña. ¿Se podrá alguna vez hacer una acción común?
Lo debemos intentar. Ya lo hicimos en los años de la transición, como también en otros momentos posteriores para luchar contra el terrorismo o para tomar decisiones en apoyo del sistema de pensiones. Ante la enorme envergadura de los desafíos que nos plantea la crisis del Covid 19 en todos los ámbitos -sanitario, económico, social- no queda otra vía que no sea un acuerdo amplio entre las fuerzas políticas. El virus no tiene ideología, ni tampoco los muertos. Y los políticos de uno u otro lado tienen la obligación de estar a la altura.