“En defensa de lo público” (III), por Pedro Molina Alcántara.

Pedro Molina Alcántara.

Dentro de dos meses y medio se cumplirá el décimo aniversario de aquel movimiento cívico que se llamó 15-M, porque se originó, como recordaremos casi todo el mundo, el 15 de mayo de 2011 con una serie de manifestaciones que inundaron las calles de toda España. Aquel movimiento cívico se caracterizó por poner en la agenda política y mediática la necesidad de regenerar nuestro sistema político como respuesta a la desafección ciudadana hacia el mismo, puesto que una parte muy considerable de la ciudadanía pasó a identificarse a sí misma con la etiqueta de “indignada”; de forma que los medios nacionales y extranjeros hablaron durante mucho tiempo de los “indignados” e, incluso, de la Spanish Revolution. Este movimiento, a pesar de que no estuvo exento de errores, tuvo tres virtudes a mi modo de ver: fue pacífico, ejemplar y sirvió para reactivar el interés ciudadano por los asuntos públicos.

El “no nos representan”, su lema principal -refiriéndose a la clase política-, sonó con fuerza en las plazas públicas de nuestro país y, todavía a día de hoy, a veces resuena como un eco de un pasado reciente. La necesidad de regenerar nuestra democracia continúa latente a día de hoy -aunque ya no se hable tanto de ello- pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de regeneración? En un artículo que escribí hace unos años, ofrecí la siguiente definición, que para mí sigue teniendo validez: «Podríamos entenderla -la regeneración democrática- como una estrategia integral de reformas normativas a todos los niveles político-administrativos encaminada a mejorar la calidad y la fiabilidad de nuestro sistema democrático. Dicha calidad viene dada por la existencia de instituciones transparentes, objetivas y eficaces dentro de un marco de separación equilibrada de los poderes públicos; instituciones que establezcan los incentivos, las obligaciones y las sanciones necesarias para garantizar que sean ocupadas por personas honestas y bien preparadas para el desempeño de las atribuciones inherentes al cargo correspondiente y seleccionadas por criterios democráticos o meritocráticos, según la naturaleza de cada uno; y que reproduzcan fielmente la voluntad ciudadana, porque si por algo se debe caracterizar la democracia es porque la ciudadanía ostenta el poder político, en ella recae la soberanía nacional. Para que esto sea una realidad, el pueblo debe gozar del máximo acceso en formatos fácilmente manejables a la información políticamente relevante que resulte aceptable, ya que el sentido común aconseja que ciertos asuntos de seguridad o de protección de datos personales sean excluidos de las políticas de transparencia; y de todos los mecanismos de participación y decisión que sean compatibles con unos niveles razonables de eficacia gubernamental -el asamblearismo, por ejemplo, que extiende el ideal democrático a su máxima expresión, es totalmente ineficaz a la hora de adoptar decisiones políticas; sin embargo, sí que se podría facilitar la presentación de iniciativas legislativas populares, consultar de vez en cuando a la ciudadanía por vía de referéndum sobre cuestiones de especial trascendencia…-».

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