Con el presente artículo comienzo una serie en la que me he propuesto plasmar mis convicciones sobre el papel del Estado en una Economía social de mercado. Considero que mi visión al respecto es progresista a la par que alejada de los extremos. Digamos que podríamos encuadrarla en la izquierda moderada o socialdemócrata.
Nuestra Constitución reconoce los derechos a la propiedad privada, a heredar y a la libertad económica. Sin embargo, estos derechos no son absolutos, sino que existe un sector público que interviene en el sistema económico.
Llegados a este punto, la pregunta que aflora es la siguiente: ¿por qué hemos optado por un sistema económico en el que coexisten el sector público y el privado? Xavier Ballart y Carles Ramió, en su ya veterano manual Ciencia de la Administración, comparten la respuesta a esta pregunta que también aportan las principales escuelas de análisis de políticas públicas de Estados Unidos: la Graduate School of Public Policy, de la Universidad de California -en Berkeley-; y la Kennedy School of Government, de la Universidad de Harvard -en Cambridge-.
Sucintamente podemos extraer la siguiente conclusión tras una lectura del citado manual: «Según la teoría general del equilibrio en economía, la libre competencia ideal produce y distribuye los diferentes bienes y servicios de forma eficiente. No obstante, hay situaciones en las que el mercado falla y está perfectamente justificada la intervención pública». Entre otros fallos de mercado, tenemos los monopolios naturales, en los que un agente económico o unos pocos acumulan demasiado poder frente a los consumidores a la hora de prestar un servicio o producir un bien. La barrera a la entrada de nuevos competidores es elevada, por lo que la competencia es escasa o nula.