Durante los años de gobiernos socialistas, incluso contando con mayorías parlamentarias, la cuestión territorial quedó de momento desacelerada. No obstante, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), de 1981, y los pactos autonómicos con el PP de 1992, fueron buenos exponentes de su actividad. Una vez perdido el gobierno y producido el relevo de González por Joaquín Almunia al frente de la secretaria general, en el mes de octubre de 1998, y ante la elevación de la efervescencia nacionalista, los presidentes socialistas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, Manuel Chaves, José Bono y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, hicieron en Mérida una solemne declaración. Era ésta contraria a la resolución que había tomado el Comité Federal el mes de marzo anterior, preparada por Ramón Jáuregui, en la que se concretaba la política autonómica del PSOE en función del desarrollo del título VIII de la Constitución en clave federal. Pero la tensión electoral crecía día a día, a medida que se acercaba la cita electoral vasca y se conocían las declaraciones federalistas de Pasqual Maragall. El nuevo secretario general del PSOE, que no tuvo conocimiento alguno de los preparativos de la reunión de Mérida, se mostraba mientras tanto partidario de la repetición del gobierno con los peneuvistas en el País Vasco, coalición que se había roto hacía unos meses. Comenzaba así la rebelión de los barones sobre la organización territorial del Estado. “El PSOE – se lamentaba más tarde Almunia – era incapaz de mantener un único discurso sobre modelo de Estado en un momento en que Aznar ponía el énfasis en un cerrado nacionalismo español”.
Llegado José Luis Rodríguez Zapatero a la secretaría general, convocó en agosto de 2003 al Consejo Territorial en la localidad cántabra de Santillana del Mar para analizar la identidad de España, en unas jornadas bajo un largo pero indicativo lema: “La España Plural: La España Constitucional, la España Unida, la España en Positivo”. El nuevo líder socialista, aún lejos de La Moncloa, veía a un Pasqual Maragall lanzado hacia la Generalitat y gozando de su máximo ascendiente dentro del PSOE. Surgió de allí un texto que pretendía que el PSOE aceptara la reforma del Estatuto catalán que PSC, ERC e Iniciativa tenían ya apalabrada, aunque la historia política del período 2004-2011 mostraría la ineficacia de lo acordado. Dos años más tarde, en marzo de 2005, la Fundación Pablo Iglesias organizó en Sigüenza (Guadalajara) un seminario en el que, bajo el título «Reformas territoriales», reunió a lo más granado del mundo intelectual para reflexionar sobre las más convenientes a llevar a cabo, tanto constitucionales como estatutarias, así como la unidad y el pluralismo en el Estado autonómico. Se contrastaron posiciones frente a un tema que ocupaba una gran centralidad en la vida pública española, pues los proyectos de reformas previstas en el programa del PSOE, requerían buena dosis de prudencia política.
En julio de 2013, una década después de Santillana, y ante una Cataluña en la que ya se oía hablar con frecuencia de independencia, el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba y el PSC de Pere Navarro escenificaron un pacto de debilidades, “un abrazo entre dos náufragos que intentaban sostenerse mutuamente a flote”, como alguien muy gráficamente afirmó. Se celebró un Consejo Territorial en Granada, bajo el lema “Un nuevo pacto territorial: la España de todos”, en el que se aprobó un documento a modo de versión resumida del de diez años atrás, pues era mucho más breve (176 líneas, que ocupaban apenas 6 folios), aunque adolecía de similar vaguedad y contradicciones, ya que negaba los privilegios y aplaudía la solidaridad, pero no mencionaba el concierto vasco o el convenio navarro, manteniendo el lenguaje constitucional de 1978 con aquello de “nacionalidades y regiones”. La única novedad que el documento presentaba era una tímida apelación al federalismo como una mera actualización y clarificación del sistema autonómico.
A los pocos días de haber sido elegido secretario general por el Congreso extraordinario de julio de 2014, Pedro Sánchez declaraba con firmeza su apoyo a la reforma constitucional, la España federal, y un nacionalismo asimétrico que ya había defendido Maragall. En noviembre convocó en Zaragoza al Consejo Territorial, en el que las discrepancias entre los participantes no se hicieron esperar, sobre todo las protagonizadas por del líder catalán, Miquel Iceta, y la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, por sus distintas visiones sobre la cuestión catalana. En el documento finalmente aprobado, se instaba al PP a renovar el pacto ciudadano por la reforma constitucional, defendiendo con mayor firmeza una nueva financiación de los territorios que la propia ideología federalista.
Las tres declaraciones (Santillana, Granada y Zaragoza) –que aplaudían el inmejorable funcionamiento del Estado de la Autonomías, lo que hacía difícil de entender los deseos de su modificación que motivaron cada una de ellas–, tuvieron el fundamental y común propósito de escenificar el acercamiento entre el PSOE y el PSC, como desarrollo del sentimiento federalista de aquél. Insistían en otras antiguas propuestas, como la conversión del Senado en una Cámara territorial, lo que justo es recordar que no se había llevado a cabo durante los catorce años de gobiernos de González ni en los ocho de Zapatero. La declaración de Granada incluía ya una propuesta federal que luego fue objetivo fundamental del documento de Zaragoza: “transformar la España autonómica en la España federal”, pero sin que quedara detallada la reforma, aunque sí lo hiciera con los pormenores procedimentales dentro de la Comisión Constitucional y la Conferencia de Presidentes, sin explicar el fondo de la propuesta. Buen ejemplo de la variable actitud que los socialistas han mantenido a lo largo de su historia en relación al problema territorial…
Al principio de estos párrafos prometí describir los vaivenes conceptuales del socialismo hispano ante la cuestión territorial, y creo haber ofrecido un pequeño resumen de su evolución, subrayando tanto las distintas sensibilidades que en su seno hoy conviven como la frecuente paradoja de invocar la igualdad y la no discriminación al mismo tiempo que la defensa de la singularidad y los hechos diferenciales, lo que Pasqual Maragall insistió en llamar el “federalismo asimétrico”. Aunque muchos expertos afirmen que nuestro Estado Autonómico es ya un verdadero Estado Federal, puesto que en realidad existen tantos tipos de federalismo como Estados Federales haya, es necesario reconocer la complejidad añadida al caso de una realidad española en la que conviven territorios que la demandan con otros en los que se acepta la organización unitaria del Estado. Un pragmático “irtirandismo” ha favorecido el cierto equilibrio mantenido hasta ahora, pero mucho me temo que tenga sus días contados.
Claro, que estas últimas reflexiones personales, que no el relato de acontecimientos históricos, no dejan de ser meras opiniones de un simple militante de base.
Publicado en “El Socialista Digital”, 19/08/16.