El Gobierno de la Nación está dispuesto a dar un tijeretazo al gasto en medicamentos sin tener en cuenta que se trata de un servicio esencial y básico. Ahorrar mil quinientos millones de euros puede que le cueste muy caro a los clientes y enfermos, especialmente cuando la medida se toma de forma escasamente sofisticada. El sistema de subasta parece mercantilizar un servicio tan básico, según una de las partes, hasta el punto de que el precio es el único criterio a tener en cuenta.
Se propone así una medida arriesgada. Si tenemos en cuenta los sitios donde se ha implantado el mecanismo de subastas, se constata que de los 50 medicamentos con los que se ha sufrido desabastecimiento, 19 de ellos fueron por motivos de la subasta recomendada por una parte de las autoridades económicas.
Sin embargo, si analizamos el gasto de medicamentos en dispensario y lo comparamos con el que había antes de la crisis, lo cierto y verdad es que estamos muy por debajo del mismo. Los recortes sufridos por un servicio tan esencial están provocando duras críticas entre los profesionales.
Los médicos se ven abocados a limitar en exceso sus prescripciones, los enfermos a hacer cálculos de compra en farmacia utilizando su tarjeta sanitaria y las farmacias, especialmente las más pequeñas, a vivir en la más estricta incertidumbre. La recomendación que en su día hizo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha chocado con una realidad bien distinta. El ahorro en suministros esenciales corre el riesgo de desabastecimiento.
El cambio, a su vez, en la remuneración de las farmacias, pasando del margen sobre precio al pago por valor añadido, ha llevado a pequeños dispensarios de municipios y pueblos, tan útiles para gran parte de la población, a situarse en una de las más grandes incertidumbres.