El juez ve delictiva la financiación del PP de Valencia

El juez ve delictiva la financiación del PP de Valencia

Financió sus campañas de manera tan absolutamente irregular que fue delictiva.
“El PP de la Comunidad Valenciana financió sus campañas electorales de los años contemplados de manera tan absolutamente irregular que fue delictiva”, reza el auto del magistrado. Tan solo tres semanas después de conocerse la sentencia de la pieza 1 la trama Gürtel la Audiencia Nacional considera que el PP, cuando Francisco Camps era presidente de la Generalitat Valenciana, se financió de manera delictiva.
En consecuencia, condena a Francisco Correa a cinco años y tres meses de prisión, a Álvaro Pérez a seis años y nueve meses, a Pablo Crespo a cinco años y a Ricardo Costa a cuatro años de cárcel. Los nueve empresarios implicados son sentenciados a penas de un año y nueve meses, sustituibles por multas de hasta 150.000 euros después de que admitieran que pagaron comisiones para conseguir contratos. El ex vicepresidente del Gobierno de la Generalitat, Vicente rambla, queda absuelto.
Según la resolución, entre 2003 y 2005, Correa y sus colaboradores expandieron su negocio a Valencia de forma que “tuvieran acceso a determinados políticos y conseguir una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos”. Así, el PP valenciano contrató a Orange Market para las campañas de 2007 y 2008.
Sin embargo, no se tuvieron en cuenta las cuantías máximas que establece la ley y recurrieron a empresarios para eludirla. Se emplearon pagos en B que después se compensaban con adjudicaciones. “Tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad”. Así lo entiende el juez. “Ciertos empresarios pagan hoy campañas electorales y mantienen Hugo tienen mañana contratos administrativos”, una práctica a la que el magistrado llama “sobornos en diferido”.
Respecto a Ricardo Costa, el juez considera que su testimonio autoinculpatorio fue fundamental para la causa. “La declaración, corroborada testificalmente por Luis Bárcenas, acredita que, efectivamente, existía una financiación ilegal y que Costa era plenamente consciente de que ese modo de pago era totalmente ilícito”.

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