La previsión de crecimiento baja al 2,6% para 2018 y al 2,3% para 2019.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, Nadia Calviño, ministra de Economía, junto a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha presentado el nuevo cuadro macroeconómico, que prevé una desaceleración de la economía española, con una revisión a la baja de una décima del crecimiento previsto, tanto para 2018 como para 2019, situándolo en el 2,6% y el 2,3%, respectivamente. Dicho cuadro acompaña al plan presupuestario de 2019 que el Gobierno ha enviado a Bruselas.
La ministra ha explicado que se trata de previsiones «prudentes» en los límites inferiores de los rangos de previsiones. Así, la reducción de éstas se producen a causa del comportamiento menos favorable en la demanda externa de lo que se había previsto provocando una bajada de una décima del crecimiento en este año y que no haya aportación en el siguiente.
Calviño ha señalado que el borrador presupuestario contempla el impacto de la variación del precio del petróleo y las modificaciones en la Contabilidad Nacional llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Estadística, INE, después de la revisión a la baja del crecimiento del primer trimestre.
En el cuadro macroeconomico se considera que la demanda nacional aportará el 2,7% y el 2,3% en 2018 y 2019, respectivamente, con un crecimiento de las exportaciones del 3,2% y el 3,4%, lo que supone quedarse por debajo de las previsiones de las importaciones, un 4% y un 3,8% en cada año.
Sí se mantienen las previsiones de empleo que se consideraban inicialmente, el 15,5% de tasa de paro en 2018 y el 13,8% en 2019.
La titular de Economía ha explicado que el escenario macroeconomico sigue estando dentro de la horquilla de crecimiento que se venía contemplando, aunque ha precisado que se seguirán de forma “muy atenta” los riesgos a nivel internacional, como son las tensiones en los mercados emergentes o el Brexit.
Atendiendo a estos cálculos, el Gobierno estima que, en 2018, el PIB nominal subirá un 3,9%, y un 4,1% en 2019 porque, explicó, los ingresos previstos de 5.678 millones y los gastos de 5.098 millones contemplados en el borrador presupuestario tendrán un impacto “neutro” en el crecimiento real de la economía española en 2019.
Así, la ministra ha avanzado que por primera vez se alcanzará en 2019 superávit primario puesto que la ratio de deuda/PIB se rebajará este año y, en el próximo, el doble que en los tres años previos.
Calviño calcula que la reducción estructural el déficit público será del 0,4% del PIB. Montero había planteado un déficit del 2,7% en 2018, es decir cinco décimas más que la senda fijada por el Gobierno de Rajoy, un 1,8% en 2019, cinco décimas más, un 1,1% en 2020, ocho décimas más, y cuatro décimas en 2021, en contraposición a la previsión de superávit para ese año.
Atendiendo a esta senda, la deuda pública se reducirá en un 1,5%, del 98,1% de 2017 al 95,5% en 2019.
Así, señala la ministra de Economía, el Gobierno muestra su “determinación” para “continuar, mantener y, si cabe, reforzar” la disciplina presupuestaria, con un aumento en la corrección del déficit y una disminución “más decidida” de la deuda pública. “Es un compromiso de España y no veo por qué tendría que haber ningún tipo de duda por parte de los mercados financieros”, indicó.
Calviño asegura que el borrador presupuestario cumple con los objetivos de saneamiento permanente de las cuentas públicas. También, que éste no solo se apoye en los ciclos económicos. A la vez, el borrador además cumple con la función redistributiva de la política fiscal y la sostenibilidad de la economía a medio plazo. En consecuencia, entiende que “la disciplina fiscal no justifica las políticas que aguanten en la desigualdad o restrinjan derechos”.
De ahí que considere que las medidas del borrador presupuestario sean un punto de inflexión en la política económica, quedando demostrada la intención del Gobierno de sostener una política «responsable» que combine disciplina fiscal con lucha contra la desigualdad.
Ambas ministras han hecho hincapié en que las medidas que se adoptarán tendrán un impacto positivo en las rentas disponibles de las familias, y que no será negativo ni en el empleo ni en el crecimiento. Así, el aumento a 900 euros del salario mínimo contribuirá a un incremento en las cotizaciones de la Seguridad Social y a la mejora del saneamiento de las cuentas públicas de está garantizando a medio plazo unas pensiones “aseguradas”.
A juicio de Calviño, el ciclo en el que se encuentra España es “positivo”, aunque, después de haber llegado a su punto máximo en 2015, las tasas de crecimiento se han ido moderando de forma “coherente”. De ahí que el Ejecutivo continuará trabajando con el objetivo de lograr cambios normativos para sacar adelante la nueva senda de estabilidad.
Ésta corregiría el incumplimiento “flagrante” de los objetivos de déficit de los últimos años y la recuperación de derechos merced a una senda “realista” que, de no ser aprobada, conllevará que no se dispondrá de 11.000 millones de euros para gasto público, advirtió.