Adoptará “medidas de caracter coercitivo”.
La regulación de las viviendas “como un servicio público de interés general” podría experimentar cambios si el Gobierno lleva a cabo sus planes. La Secretaría General de Vivienda ha elaborado un informe interno acerca de la situación de la vivienda social. Una vía para conseguir ese giro que pretende el Ejecutivo sería adoptar “medidas de caracter coercitivo” contra los propietarios de viviendas vacías, algo que no solo afecta a los inmuebles propiedad de bancos o promotoras, sino también a “personas físicas” y confiriendo a este cambio rango de ley estatal.
Partiendo del Censo de Población y Viviendas del INE del año 2011, se calcula que hay unas 3, 4 millones de viviendas sin ocupar. Esa bolsa de vivienda vacía debe movilizarse y este es uno de los principales objetivos del Ministerio de Fomento.
Las comunidades autónomas están aplicando medidas de muy distinta índole, como la cesión y el alquiler forzoso, sanciones, incluso la expropiación temporal. Algunas afectan a sociedades de activos inmobiliarios y bancos, mientras que otras van dirigidas a cualquier propietario. sucede que incluso algunas administraciones han vendido parques públicos de vivienda sociedades de inversión.
un informe del pasado 11 de septiembre señalan la necesidad de que exista homogeneidad legislativa lo único que lo garantiza es la normativa básica estatal.
Además, se da la circunstancia de que los tribunales están comenzando a reconocer la función social de los parques públicos de vivienda.
De hecho como un juzgado madrileño ha estimado recientemente el recurso de la Plataforma de Afectados/as por la Vivienda Pública y Social interpuesto por la venta de 2.935 viviendas del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid al fondo Encasa Cibeles.
Antes, otro juzgado de Madrid recriminó en una sentencia en mayo que “no se ofrecen ni justifica la razón o el porqué dejan de ser necesarias dichas promociones, cuando cumplen una función social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna”.
En ambos casos, los tribunales entienden que la venta conllevó una “vulneración de los principios de protección a la familia, de protección a los menores y del derecho a una vivienda digna”.
Según el informe, la pretensión del Gobierno es acabar con la especulación en materia de vivienda. De ahí que la ley a elaborar incluya la protección “frente a posibles enajenaciones a personas jurídicas con ánimo de lucro”.
Cabe recordar que, en plena crisis económica, 5.000 viviendas sociales de alquiler adjudicados a familias en situación vulnerable en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid fueron enajenadas y vendidas a los fondos de Goldman Sachs y Blackstone. Estos comenzaron a subir los alquileres y a desahuciar a quienes no podían asumir el pago.
Precisamente una de las prioridades del Ejecutivo es evitar casos como este, para lo cual también tiene en mente modificar el actual Plan Estatal de Vivienda, con el que puede influir en una competencia transferida a las comunidades autónomas. Con todo ello, el Gobierno pretende “ahondar en el carácter social de los programas de ayudas” y aumentar el parque público de vivienda en alquiler, protegiéndolo de forma que se asegure en el tiempo su carácter de servicio general.
Actualmente, se trata por igual a promotores públicos y privados con un plazo de protección de una vivienda financiada con fondos públicos de 25 años. Con las medidas planeadas, los plazos serían de “muy larga duración” y una vez expirados pasarían a ser gestionados por el nuevo régimen jurídico, pero nunca perdiendo la finalidad para las que fueron construidas.
En el informe presentado al Consejo de Ministros también se menciona la creación de una línea concreta de ayudas para crear parques de viviendas sobre suelo público “con una protección de sus inquilinos durante un plazo muy superior al actualmente previsto”. Asimismo, también se tiene prevista otra línea de financiación para aumentar los parques públicos de vivienda a la venta. Por un lado comprando en el mercado o, por otro, ejerciendo el mecanismo del tanteo y retracto de forma quefondos con ánimo de lucro no puedan hacerse con promociones públicas.
José Luis Ábalos, ministro de Fomento, ya adelantó algunas de estas medidas en su comparecencia en el Congreso en julio. Entre ellas, que la duración de los contratos vuelva a ser de 5 años en vez de los tres a los que quedó reducido con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013.
También avanzó un plan de choque de promoción de 20.000 viviendas en zonas de alta demanda y dónde los precios del alquiler son exageradamente altos y acaban por expulsar de esas zonas a las clases trabajadoras y medias.
Partiendo de que “el derecho a la vivienda es un derecho social”, como así queda definido en el documento de trabajo de Fomento, el Ejecutivo medita la inclusión en el texto de la definición y régimen jurídico de la vivienda social, así como la planificación de vivienda correspondiente al Estado y el vínculo del suelo con uso residencial al derecho a una vivienda.
Así, la cuestión ahora es tratar de sumar respaldos para un pacto de Estado por la vivienda digna. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, mandó un mensaje en Twitter la semana pasada en el que hacía “un llamamiento a todas las fuerzas políticas para alcanzar un pacto que convierta la vivienda en un derecho de ciudadanía, lejos de la especulación”.
“Definiremos, como han hecho nuestros vecinos europeos, lo que es alquiler social y un alquiler asequible”, señalan fuentes del Ejecutivo, que subrayan que el plan se concentrará en los regímenes de tenencia y no invadirá las competencias de las comunidades autónomas.
Por su parte, Pablo Iglesias, secretario general de Unidos Podemos, ya transmitió al presidente tres propuestas: que los grandes tenedores estén obligados a poner viviendas en el mercado, que las socimis dejen de tributar al 0% y que los ayuntamientos tengan la capacidad para regular el precio del alquiler “en aquellas áreas donde el mercado está más tensionado”.
Un grupo de trabajo interministerial ya está en marcha para desarrollar medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. El pasado lunes se reunió por primera vez y en el orden del día se incluyó la presentación del informe elaborado por la Secretaría General de Vivienda. En este grupo interministerial participan ocho ministerios y está presidido por Pedro Saura, secretario de Estado de infraestructuras, Transporte y Vivienda.