Con 100.000 euros podría ser sancionado Avalmadrid a propuesta del Banco de España, y con otros 50.000 la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad madrileña. El organismo regulador entiende que ha cometido “negligencia” su Consejo de Administración y quienes ocuparon el cargo de director general.
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Más concretamente, se enfrentan las posibles sanciones Jesús Alejandro Vidart Anchía, José María Rotellar García, Manuel Beltrán Pedreira, Juan Ignacio Iranzo Martín, Valentín Bote Álvarez-Carrasco, Pedro Irigoyen Barja, Jesús Martínez Sanz, Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa –ex presidente de CEIM-, Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo y Jorge Morán Santor.
También se expedienta a la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y a otras entidades.
En 2012, el Banco de España llevó a cabo una visita de inspección en Avalmadrid y se comprobó que era necesario aplicar una política crediticia para reducir la concentración de riesgos y mejorar los procedimientos de seguimiento de estos. Así, el organismo regulador informó con los requerimientos sobre estas cuestiones a la entidad. Ésta respondió con su compromiso de implementar las medidas a partir del 1 de enero 2013.
En cambio, Avalmadrid no cumplió con sus compromisos hasta octubre de 2014 para la cuestión de la concentración de riesgos y hasta el 21 de junio de 2018 en cuanto al seguimiento de estos. Además, según el Banco de España, la revisión de los riesgos no se lleva a cabo con la periodicidad establecida ni en los informes hay conclusiones ni decisiones claras.
En consecuencia, el organismo regulador entiende que las infracciones deben ser consideradas “graves”. Con todo, las sanciones propuestas quedan en la zona baja de la horquilla posible, estimándose “negligencia”, pero no dolo.
Frente a esta propuesta de sanción caben alegaciones por parte de todos los expedientados.
Ya era hora que el Banco de España, la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad madrileña, su Consejo de Administración, la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y a otras entidades sean supervisadas y expedientadas por no cumplir con los compromisos adquiridos con la Administración. Como diría Sabina pongamos que hablo de Madrid, por estar su nombre en el titular de esta noticia. Pero este tipo de controles, creo que son, pero pongamos deberian ser obligatorios en todas las ciudades de España. No hacen falta sospechas, serian una parte de la rutina de control que estos organismos necesitan para no relajarse y pensar mientras no venga una inspección. Ese no es el pensamiento la cuestión es yo tengo que cumplir con mi obligación en todos los trámites. ¿ que viene una inspección ? mejor no encuentra errores, ¿que los encuentra? se piden responsabilidades legales y económicas a las partes implicadas y con la multa que les pongan, hay más dinero para las necesidades de España, y en cuanto esto pase media docena de veces en diferentes puntos de España, todo el mundo se pondrá las pilas por lo que pueda pasar.