El abogado de Jordi Sànchez acusa al Tribunal Supremo de “salvadores de la patria”

El abogado de Jordi Sànchez acusa al Tribunal Supremo de "salvadores de la patria"

Expuso sus dudas acerca de la imparcialidad de los magistrados.
Durante su primera intervención en el juicio del procés que ayer arrancó, Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, ex presidente de la ANC, y del exconsejero Josep Rull, expuso en las cuestiones previas su petición de que los jueces del Tribunal Supremo “hagan de jueces” y “no de salvadores de la patria”. Comenzó su alegato poniendo en cuestión la imparcialidad de los magistrados, empezando por Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal del juicio, y llegando al juez instructor Pablo Llarena.

Para ello, mencionó una carta publicada que fue remitida por Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, a Juan Antonio Ramírez-Sunyer, juez de Barcelona que inició la investigación de los preparativos del referéndum del 1 de octubre y que ya falleció. En la misiva, Lesmes decía que la Ramírez-Sunyer era un “héroe nacional” porque había “cambiado el rumbo” de España. “Son magistrados, no héroes nacionales”, dijo el letrado, señalando con ironía, a continuación, que los jueces del alto tribunal están para “mantener la unidad de España”. “Hagan de jueces, no de salvadores de la patria”, enfatizó.

También basó parte de este alegato en que el juez Llarena no fue imparcial puesto que en dos de sus autos se manifestó en primera persona del plural. También en el whatsapp del senador Ignacio Cosidó en el que se jactaba de que, si Marchena era elegido presidente el Consejo General del Poder Judicial controlaría la Sala de lo Penal del Supremo “desde detrás”.

Por otro lado, Pina ha destacado que cuatro de los siete miembros del tribunal que juzgará a los 12 encausados por el procés están “contaminados”, ya que fueron los que admitieron a trámite la querella presentada contra el Gobierno de Carles Puigdemont, por parte de la Fiscalía General del Estado, así como contra Carme Forcadell, ex presidente del Parlament, y contra cinco ex miembros de la Mesa de la Cámara catalana, y por la que se inició la causa. “Hay una apariencia de falta de imparcialidad”, aseguró, para añadir que “Europa nos dice que las apariencias son muy importantes”, en referencia a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Arnaldo Otegi por la que se dictaminó que no había tenido un juicio justo.

También ha pedido que el Tribunal reconsidere las pruebas que le han sido denegadas, como la petición de que el rey Felipe VI declare como testigo. “Sería interesante para este proceso escuchar lo que pueda decirnos el rey de España”, señaló, a pesar de que el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe expresamente la comparecencia del jefe del Estado ante el tribunal.

Asimismo, Pina lamentó que se haya denegado la comparecencia de Carles Puigdemont porque está procesado en esta causa y declarado en rebeldía, por lo que su argumentación podría no ser “veraz”. En cambio, no se ha mantenido el mismo criterio, dijo, al aceptar la declaración como testigo de Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos d’Esquadra, acusado por rebelión en la Audiencia Nacional.

Antes de un receso de 30 minutos, el abogado de Sànchez y Rull planteó la posibilidad de suspender la vista oral con el objetivo de analizar parte de la prueba documental admitida y a la que no han tenido acceso todavía. Argumentó que, si no pueden examinar dichos documentos antes de los interrogatorios, la siguiente fase del juicio, se podría incurrir en una vulneración del derecho de defensa. Dijo que otra vulneración es que sus defendidos no puedan declarar en catalán, volviendo a solicitar que las declaraciones se traduzcan de forma simultánea, descartando que la traducción sea consecutiva.

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