Editorial “Derecho a la salud”

La firma de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, del decreto de universalización de la sanidad pública en España, es un paso firme, un compromiso evidente, un avance de progreso, para un país que necesitaba recuperar, ya no sus derechos, sino su dignidad.
Hemos asistido a siete años de gobierno de Mariano Rajoy en los que en las comunidades autónomas donde gobierna la derecha han recortado 30.000 millones de euros en la sanidad pública. Para mayor abundamiento, durante esos años han prescindido de 30.000 profesionales sanitarios.
Y, lo peor de todo, establecieron una regla en la que el derecho a la sanidad pública solo se podría ejercer a través de un aseguramiento público justificado. Vamos, que los migrantes no documentados tenían que parir en sus casas o carecer de asistencia sanitaria adecuada.
La decisión del Gobierno de la Nación supone recuperar la universalización del sistema y no esperar a tener que justificar con papeles administrativamente limitados lo que es un derecho universal de cualquier ser humano.

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