Se suman a las casi 7.700 convocadas en abril.
Así lo anunció en rueda de prensa Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública, en lo que es “la mayor oferta de los últimos diez años”. En concreto se trata de 23.156 plazas de las cuales 11.095 son de nuevo ingreso, 6.024 de promoción interna, 323 para la atención a asilados y refugiados y 5.534 de estabilización en la Administración General del Estado, AGE, y en Justicia.
Se suman a las 7.688 que se convocaron el pasado mes de abril para docentes y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, alcanzando la cifra de 30.844. La ministra ha subrayado que, con esta oferta, la creación de empleo neto se sitúa en 1.909 plazas, un 58% más que el pasado año, convirtiéndose en “la mayor creación de empleo desde 2008”.
Tres Reales Decretos soportan la oferta
Se estructura mediante tres normas, el Real Decreto Ley de oferta extraordinaria en el ámbito de asilo y refugio, el Real Decreto de oferta de empleo público en sí mismo y el Real Decreto de estabilización del empleo temporal. Las plazas se destinarán, entre otras áreas, a sectores prioritarios como Seguridad Social y lucha contra el fraude, gestión de prestaciones por desempleo, seguridad y emergencias, Instituciones Penitenciarias y refuerzo de la Atención al Ciudadano en servicios públicos.
Batet ha querido destacar que se inicia, así, “una senda de recuperación y de poner en valor lo público. Necesitamos recuperar a la Administración y a los empleados públicos como garantes de las personas más necesitadas y necesitamos empleados públicos ilusionados y motivados”. Además, ha destacado que “por primera vez” una empleada una oferta de empleo público viene con el respaldo de cuatro de los cinco sindicatos de la Mesa General de la Administración General del Estado, esto es, CSIF, CCOO, UGT y CIGA.
Destino de las plazas ofertadas
De las 11.095 plazas de nuevo ingreso en turno libre, 8.289 serán para personal funcionario, 1.892 para personal laboral y 914 para la administración de justicia. Respecto a las 6.024 de promoción interna, 5.277 se destinan a personal funcionario, 700, personal laboral, y 227, Administración de Justicia.
Asimismo, de las 5.534 plazas dirigidas a la estabilización de personal temporal, 2860 son para la AGE, todavía no ejecutadas, y 2.672 para justicia. Además, en los próximos seis meses el Gobierno aprobará un Real Decreto de estabilización de empleo temporal de la AGE que procede de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
Se suprimen los descuentos por incapacidad transitoria
El Ejecutivo también aprobó la normativa para la supresión en la Administración del Estado de la reducción retributiva, vigente desde 2012, por la que a aquellos empleados públicos en situación de incapacidad temporal se les aplicaba un descuento del 50% de las retribuciones del primer al tercer día y de un 25% entre el cuarto y hasta el vigésimo día, ambos inclusive. Se recupera, así, el 100% desde el primer día, “un derecho que nunca se debió perder”, en palabras de la ministra.
CSIF, por su parte, ha emitido un comunicado poniendo en valor la oferta lanzada y ha pedido al Gobierno un esfuerzo adicional con el fin de recuperar las 38.800 plazas que se perdieron en la AGE desde 2010, además de la agilización de los procesos de selección. Desde el sindicato han mostrado su satisfacción, también, por la eliminación de los descuentos en la nómina por incapacidad temporal en la Administración General del Estado, añadiendo que trabajarán para que esta mejora se haga extensible al resto de administraciones.