¿Qué tiene que pasar en este país para proteger a nuestras mujeres del abuso sexual, de la violación o del maltrato? ¿Qué tiene que suceder para que las escuchen, para que las tengan en cuenta, para que las traten con igualdad y justicia?
Cientos de miles de mujeres indignadas están hartas de una justicia ciega, de una legislación incompleta y de decisiones imprudentes. La Audiencia Provincial de Navarra podía haberse ahorrado esta libertad provisional de este grupo de condenados que bien merecen que les caiga encima todo el peso de la justicia.
No entendemos por qué, si hace unos meses su libertad provisional fue denegada, ahora, condenados, se les permite salir de la cárcel. Para mayor abundamiento, si la sentencia está recurrida, merece por lo menos aplicarse al caso un mínimo criterio de prudencia. Y, si cabe, teniendo en cuenta la alarma social que proporciona su libertad provisional y la indignación general que la decisión representa, ponderar cualquier acción antes de ejecutarla.
Mucho nos tememos que el machismo no solamente impera en la legislación y en la decisión, sino que además es empecinado en sus propuestas. Una provocación en toda regla contra el sentido común y a favor de las movilizaciones feministas.
Editorial “Alarma social”
Es verdad que la alarma social es uno de los elementos a los que apela la justicia a la hora de tomar medidas excepcionales frente a situaciones excepcionales. En este triste caso, la justicia es la generadora de esa alarma social, y siquiera de oficio, debería actuar al amparo de los millones de personas que han poblado las calles a cuenta de esta esta suerte de despropósitos. A la vista queda que los representantes del pueblo, a la hora de impartir justicia, no lo hacen de modo satisfactorio para la mayoría de éste. ¿Habría que cambiarlos? ¿Debe tener el Poder Judicial la consideración de omnímodo, o al menos en casos en los que genera alarma social, puede su representación estar sometida a revisión?