El juez Anthony Kelly cumplió con su compromiso de decidir si revocaba la cancelación del visado de Novak Djokovic y, consecuentemente, podía entrar en Australia. Es el primer paso para que el serbio pueda jugar el Open aussie.
Este lunes el magistrado ha resuelto que el permiso para ingresar en el país es válido y estimó el recurso de los abogados del tenista serbio.
Sin embargo, no está claro todavía si el número uno del mundo de tenis podrá disputar el Open de Australia y defender su ‘corona’. El Gobierno australiano podría, aún así, deportar a Djokovic.
Poco a poco, el debate se ha ido esclareciendo y el debate no es si su documentación era correcta. Más bien, a lo que se enfrenta el Ejecutivo del país austral es a una opinión pública recelosa de que un no vacunado entre en Australia.
Cierto es que Djokovic superó el coronavirus en diciembre, lo que le confiere inmunidad, pero no se ha vacunado. Y es que ésta es condición indispensable según la normativa de inmigración australiana.
Eso, o guardar cuarentena, con lo cual el serbio no podría inscribirse en el torneo.
Así, el juez Kelly ha penalizado al Gobierno de Australia revocando la nulidad del visado del número uno del tenis mundial. En su auto, ordenaba al Ejecutivo liberar al tenista en los 30 minutos siguientes al fallo. Además, debía entregarle su pasaporte, los efectos personales y pagar las costas del juicio, lo que incluye los costes legales de Djokovic.
Al margen quedan otras consideraciones, como que el serbio asistiera a actos públicos sin mascarilla ni distancia sabiendo que era positivo.
Djokovic quiere jugar
Por su lado, ‘Nole’, como muchos le llaman, sigue queriendo defender el título. “Estoy contento y agradecido de que el juez revocara la cancelación de mi visado. A pesar de todo lo que ha pasado, me quiero quedar y tratar de competir el Abierto de Australia”, ha escrito en Twitter.
La decisión ahora está en manos del Ejecutivo australiano. Por tanto, Alex Hawke, ministro de Inmigración de Australia, tendrá que estudiar el caso. Lo hará en la mañana de este martes, madrugada en España.
Deberá decidir si revoca otra vez el visado, es decir, si le aplica la parte más dura de la ley de inmigración. Ello implicaría su deportación inmediata y la prohibición de entrar en Australia durante los próximos tres años.
A pesar de la resolución del Tribunal del Circuito Federal de Melbourne, el Gobierno australiano tiene esa potestad. De hecho, Christopher Tran, el abogado del Ejecutivo, advirtió al juez de que el ministro consideraría si ejercer “el poder personal de cancelación” del visado.
Por tanto, el asunto no habrá acabado si así lo hace Hawke, lo que traerá, a buen seguro, una nueva batalla legal.