Hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado y entra en vigor mañana.
Según ha informado Isabel Celaá, ministra portavoz del Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros de ayer se aprobó un real decreto ley que reforma el artículo 29 de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, ITP y AJD, por el que, a partir de mañana, será pagado por los bancos.
“El Gobierno muestra una vez más su responsabilidad y la rapidez en su actuación y en el momento de estar junto a la resolución de problemas de los ciudadanos, ya que es un tema que afecta a millones de personas. El Gobierno ha demostrado su responsabilidad y su rapidez en su respuesta actuando en 24 horas”, destacó la portavoz.
El Ejecutivo reacciona, así, a la resolución del Tribunal Supremo del día 6 por la que, contradiciéndose a sí mismo, volvía al criterio anterior al 18 de octubre en el que los magistrados de la Sala experta en tributos del alto tribunal sentenciaban que este impuesto debía ser pagado por los prestamistas, es decir, el banco, y volvía a cargar sobre el cliente este pago.
No solo se modifica el artículo 29 de la Ley, que incluye un párrafo aclarando que cuando se trata de escrituras de préstamos con garantía hipotecaria el sujeto pasivo será el prestamista. También se modifica el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, de forma que las entidades financieras no podrán deducirse este pago del AJD en el Impuesto sobre Sociedades.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha señalado que “desde el respeto a la separación de poderes, lamentamos el cambio de criterio del Supremo, por lo que hoy le ha tocado hablar al poder ejecutivo, que vela por el interés general de los ciudadanos y por garantizar la seguridad jurídica del mercado hipotecario, que quedaron en entredicho en estas semanas”.
Subrayó que el decreto busca garantizar que los ciudadanos “no tengan que pagar más” este impuesto y que es la respuesta del Gobierno ante la “alarma social y la inseguridad jurídica” provocada por la sentencia del alto tribunal.
Asimismo, se trabaja en la creación de una Autoridad Independiente de protección de clientes financieros, cuyo objetivo es que las entidades financieras no puedan repercutir en las hipotecas el coste del pago del impuesto o que se introduzcan “clausulas abusivas”.
Con esta medida también se pretende acabar con la idea de que cuando los impuestos afectan exclusivamente a las empresas o entidades financieras se repercuten los costes y “o paga el ciudadano o para el ciudadano”. En este sentido, Montero ha manifestado que “este Gobierno no cree en esa afirmación, las entidades financieras son responsables y hay competencia a la hora de ofrecer hipotecas”.
Igualmente, en la misma línea que expresó anteayer Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo, al anunciar la aprobación del real decreto ley, la ministra de Hacienda confía en que sea ratificada la reforma en el Congreso y espera que “el PP vote a favor y, si no, tendrá que explicar si está a favor de que sean los consumidores los que pagan o los bancos”.