Enmarcada en su programa electoral, Sumar lanza la propuesta de construir en menos de diez años dos millones de viviendas sociales en alquiler. Es decir, como mínimo, 200.000 inmuebles al año.
Para la construcción de este parque residencial se destinaría un gasto sostenido del 1% del PIB de media. Por tanto, unos 10.000 millones de euros.
En ese sentido, Sumar considera que dicho parque de viviendas sociales es la “clave estructural” que garantiza el derecho a una vivienda “adecuada y asequible”.
Así, Alejandra Jacinto, portavoz de vivienda de la formación, el parque de vivienda público actual está “muy envejecido”. Además, es “muy ineficiente” en materia energética.
A ello se une el problema del difícil acceso a la vivienda en un escenario de subidas de tipos de interés y de los precios de los alquileres.
A ese respecto, Sumar quiere revertir un parque de viviendas “pírrico” para construir uno “a la europea”. Para ello, se cooperaría con las distintas administraciones y se movilizarían viviendas vacías.
Asimismo, aumentaría la oferta pública a través de la adquisición de viviendas ya construidas o construirlas donde se necesite.
Además, la formación que lidera Yolanda Díaz pretende desarrollar una norma específica. El objetivo es que en suelo urbano consolidado se garantice una reserva del 30% para vivienda protegida.
Con ese destino, además de los dos millones de viviendas sociales en alquiler, harán cumplir la declaración de mercado tensionado que define la Ley de Vivienda en todos los ámbitos geográficos que cumplan los requisitos.
A su vez, encajan aquí el bono hipotecario de emergencia de 1.000 euros por hogar para los hipotecados a tipo variable para comprar vivienda habitual.
Así, en materia de vivienda, Sumar lleva 29 propuestas para el desarrollo de “un servicio público de vivienda y una normativa que evite la especulación”.
Al mismo tiempo, que “proteja a los residentes y garantice la función social de la propiedad”. Entre las medidas que propone la formación fucsia, está un punto concreto para limitar el alquiler turístico.
También, de habitaciones y de temporada de forma que no se conviertan estos inmuebles en una opción que saltarse la aplicación de la Ley de Vivienda.