La Mesa de la Cámara examinará hoy el dictamen de los abogados.
Ciudadanos ha planteado dudas acerca del decreto ley por el cual se amplían los permisos de paternidad por la posible, según consideran, inconstitucional de los mismos, por ello el Congreso ha solicitado un informe jurídico. La entrada en vigor de la norma está prevista para el 1 de abril. La Mesa de la Cámara se reúne hoy con el fin de analizar el dictamen de los abogados, según ha informado Europa Press.
Nacho Prendes, representante de la formación naranja en la Mesa del Congreso, ha apuntado que, el decreto ley que amplía los permisos de paternidad, modifica la Ley Orgánica de Igualdad de 2007 y, según la normativa, se prohíbe que las leyes de rango orgánico se modifiquen por una norma extraordinaria como lo es un decreto ley.
Concretamente, se recoge en el artículo 1 de este decreto ley que se modifican dos artículos de la Ley Orgánica de Igualdad de 2007 en lo que se refiere a elaboración de planes de igualdad por las empresas.
Se modifica el artículo 45 y se extiende hasta las empresas de 50 trabajadores o un grado mayor de obligación al negociar y aplicar los planes de igualdad. Por el momento, era imperativo únicamente para las compañías que contasen con más de 250 trabajadores, en cambio en el resto, era opcional.
También destacan otras modificaciones como el artículo 46 en el que se recoge la creación de un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, en cual dependería de la Dirección General de Trabajo, y en el que quedarían registradas las empresas con su consiguiente Plan de Igualdad, recogiendo además el desarrollo de reglamento que se utilice para determinar las materias, las auditorías salariales y los sistemas de evaluación y seguimiento de los Planes de Igualdad de las empresas, y lo relativo a la constitución, características y condiciones, inscripción y acceso al nuevo registro.
Los abogados han de determinar si esas modificaciones producen efectos orgánicos en la Ley de Igualdad o son sólo aspectos ordinarios de la norma donde afecta, en caso de que emitan un dictamen con consecuencias que por el momento no están claras. Ciudadanos considera que el decreto podría quedar sin efecto si los abogados determinan que es inconstitucional. Por su parte, el PSOE alega que es imposible que la Mesa de la Cámara no proceda a su tramitación.
El trámite de la convalidación del decreto solo podría detenerse en caso de flagrante inconstitucionalidad, según han admitido fuentes parlamentarias a Europa Press. Ello es debido a que están muy limitadas las competencias de la Mesa de la Diputación Permanente.
En principio, el criterio a seguir es que en caso de dudas de interpretación, la constitucionalidad del decreto la decida el Tribunal Constitucional, órgano competente, y no el Congreso. Los grupos siempre podrán recurrir al TC.