Las centrales nucleares de Ascó y Trillo podrían echar el cierre por el Anteproyecto de Ley que limitaría los llamados windfall profits. Es decir, los conocidos ‘beneficios caídos del cielo’, la diferencia entre el precio de producción y los ingresos extras.
De limitarse estos, el precio de la electricidad quedaría fijado por el último precio que se cruza en el mercado para cubrir la demanda. Precisamente, los productores de electricidad más beneficiados son los generados por la energía nuclear y la hidráulica.
Endesa e Iberdrola son los licitados para operar estas plantas y están pendientes de renovación. Ahora se plantean retirar su solicitud de ampliación de vida de las centrales nucleares.
Sostienen que hay riesgo de tener que enfrentarse a demandas de sus accionistas por administración desleal de su patrimonio.
Las pérdidas millonarias provocadas por las plantas nucleares son ingentes. Si se aprueba la ley como se plantea, entrarían en pérdidas para el resto de su vida operativa. El Foro Nuclear afirma que es insostenible y lleva al sector al cese de su actividad.
Así las cosas, las principales compañías eléctricas demandan del Gobierno que encuentre una solución y negocie. Sin las centrales, el sistema no podría alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Energía y Clima. Podría producirse un problema de suministro.
Tal es la situación que Ignacio Araluce, director general del Foro Nuclear, ha enviado varias cartas a la Secretaría de Estado de Energía. En ellas alerta de lo complicado del asunto respecto a cómo se encuentran las plantas.
Por eso, hace un llamamiento al Ejecutivo para que revise las cuentas auditadas de las centrales nucleares en el registro mercantil. Según explica el Foro, el inmovilizado pendiente de amortizar supera los 5.500 millones y se han invertido más de 3.000 millones en el último decenio.
Además, ha enviado al Ministerio un informe de PwC señalando que en 2020, debido a los bajos precios de la electricidad, el flujo de caja de las plantas fue negativo en unos 500 millones. Añade que las pérdidas superaron los 1.000 millones.
A pesar de ello, el sector hizo frente a 700 millones en impuestos, además de la correspondiente tasa de Enresa, que aumentó con el acuerdo de cierre de las centrales.