Exteriores no impide que el Consejo de Europa cuestione a la Justicia española por el procés

Exteriores no impide que el Consejo de Europa cuestione a la Justicia española por el ‘procés’

El diputado letón Boriss Cilevics presentó un informe a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa invitando al Gobierno español a reformar los delitos de sedición y de rebelión.

Este martes, dicho organismo ha avalado la propuesta y cuestiona la Justicia en España y, con ello, los indultos a los presos del procés. Incluso pide más. Plantea que se retire la solicitud de extradición de Carles Puigdemont.

El informe ¿Deberían los políticos ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato? recibió 70 votos a favor. Los 28 en contra y las 12 abstenciones no fueron suficientes para echarlo abajo.

Aunque el PSOE presentó varias enmiendas, no se pudo evitar que el Consejo de Europa avalara el informe. Es más, el diputado letón insistió constantemente en que las penas impuestas eran “desproporcionadas”.

El Consejo de Europa apoya los indultos

El documento de la Asamblea Parlamentaria respalda los indultos y que se reformen los delitos de sedición y de rebelión. A su vez, pide que se “considere abandonar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que viven en el extranjero”.

Al tiempo, plantea que “se abandonen los procesos pendientes para cargos de rango inferior implicados en el referéndum inconstitucional de 2017”.

Asimismo, que “no se sancione a los sucesores de los políticos encarcelados por acciones simbólicas que simplemente expresan su solidaridad con los detenidos”.

Los socialistas españoles pidieron que se retirara precisamente este punto. “Esto no puede hacerlo el Gobierno porque es una competencia judicial”, sostienen.

“Sería contrario a la independencia del poder judicial, a la separación de poderes”, señaló el senador Antonio Gutiérrez Limones. “El Gobierno no puede incumplir una sentencia o una resolución judicial”, remarcó.

En cuanto a la reforma de los delitos citados, los socialistas se inclinan por “reformar las disposiciones penales sobre rebelión y sedición de tal modo que no puedan llevar a sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas”.

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