Desde las 08:00 horas de ayer algunos pueblos de Castilla y León han quedado confinados y así permanecerán durante, al menos, dos semanas. El juzgado correspondiente lo ha avalado. Afecta a unas 11.000 personas. Más en concreto, se trata de los municipios vallisoletanos de Íscar y Pedrajas, donde dos brotes han afectado a 42 personas y a once, respectivamente. El periodo de vigencia podrá prorrogarse en función de la evolución epidemiológica.
Así, los brotes confirmados en Íscar que se han extendido a Pedrajas de San Esteban han hecho que la Junta castellano-leonesa adopte esta medida. Se trata de evitar la posible expansión “descontrolada” del coronavirus en las dos localidades y frenar la aparente “ineludible” transmisión comunitaria de la epidemia.
En consecuencia, el Gobierno de Castilla y León ha tomado la decisión de imponer estas medidas preventivas que afectan a la “movilidad y circulación” de las personas. Tampoco se podrán desarrollar distintas actividades que, por su carácter, “puedan favorecer la propagación del virus”, informa la Junta.
La Junta de Castilla y León reacciona así a los brotes
Por tanto, se restringe la “libre entrada y salida” de los ciudadanos en estos municipios, a excepción de desplazamientos “adecuadamente justificados”. Hace referencia a los que son por motivos laborales, profesionales o empresariales.
También el regreso al lugar de residencia habitual, la asistencia y cuidado mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas vulnerables. Asimismo, por razones de fuerza mayor o situación de necesidad y cualquier otro motivo de análoga naturaleza.
Se permite el tránsito por carretera y viales que atraviesen estas localidades “siempre y cuando tengan origen y destino fuera de los mismos”.
Por otro lado, aunque se “desaconseja” el desplazamiento y desarrollo de actividades no imprescindibles, sí se permite la circulación de los residentes dentro de los municipios.
Asimismo, quedan suspendidas las visitas a centros residenciales de personas mayores, excepción hecha de circunstancias individuales. Es el caso de la necesidad de aplicar medidas adicionales de cuidados y humanización, decisión que tomará la dirección del centro. Tampoco se permite salir a los residentes.
Adicionalmente, sólo se permiten reuniones privadas o no reguladas de un máximo de diez personas en espacios públicos y privados. Quedan exceptuados los casos de personas convivientes. Las actividades de peñas y de naturaleza análoga también quedan suspendidas.
La orden señala que los ciudadanos tienen que “colaborar activamente” a la hora de cumplir con las medidas sanitarias preventivas establecidas. Según el comunicado de la Consejería de Sanidad, “en todo caso, los incumplimientos individualizados de lo dispuesto en la presente orden, podrán constituir infracción administrativa de conformidad con lo dispuesto en el Decreto- Ley 7/2020, de 23 de julio, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en Castilla y León”.