Acuerdo para el Estatuto del Becario

Acuerdo para el Estatuto del Becario

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para desplegar el conocido como Estatuto del Becario.

Así lo ha anunciado Yolanda Díaz, vicepresidente segunda del Gobierno, este sábado en una declaración tras la firma, el viernes, de la coalición Sumar.

El acuerdo para el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa se ha alcanzado con los sindicatos. En cambio, la patronal no apoya el Estatuto del Becario.

Dicho esto, Díaz ha proclamado que “por fin tenemos acuerdos con sindicatos para ya no tener más falsos becarios y tener el estatuto que se merece nuestro país”.

Las negociaciones para regular las condiciones laborales de los estudiantes en prácticas se alargaron durante un año.

Así, según fuentes de CCOO, se pretende aprobar el texto como real decreto en el Consejo de Ministros. Además, destacan que no elimina las prácticas extracurriculares.

Asimismo, desde UGT señalan que la norma recoge gran parte de las reivindicaciones sindicales. Por ejemplo, la definición clara de las prácticas, de forma que se eviten fraudes.

A su vez, la compensación de gastos o el establecimiento de un régimen sancionador efectivamente disuasorio.

Sin embargo, la patronal rechaza la forma del acuerdo. Esgrimen que “no es apropiada la aprobación de esta norma en un periodo de disolución de las Cámaras ni concurre la urgente y extraordinaria necesidad”.

Como no podía ser de otra manera, tampoco apoyan “el fondo”. Según dicen, el Estatuto del Becario “limita tanto el número de horas e incrementa tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado”.

Consideran que esto es “imprescindible para garantizar su empleabilidad y para tender puentes entre la formación teórica y el mundo del trabajo”.

En ese sentido, añaden que “hay discrepancias entre la regulación de esta norma y la normativa universitaria recientemente aprobada”. Entienden que “el riesgo de incurrir sanciones por falta de seguridad jurídica es alto”.

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