Hoy hace cuarenta años del intento de golpe de Estado del 23-F por parte de algunos mandos militares que secuestraron el Congreso de los Diputados.
Era 1981 y se celebraba en la Cámara Baja la votación para la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, candidato a la Presidencia del Gobierno de España. Sustituiría a Adolfo Suárez, que había dimitido.
Ese 23 de febrero un numeroso grupo de guardias civiles al mando del entonces teniente coronel Antonio Tejero asaltó el Palacio de las Cortes. Al grito de “¡todo el mundo al suelo!”, secuestraron durante algo más de un día a todos los diputados del Pleno y al Ejecutivo completo.
En paralelo, el teniente general Jaime Milans del Bosch, jefe de la III región militar, ocupaba militarmente Valencia, sacando los tanques a la calle. Se desplegaron dos mil hombres y cincuenta carros de combate.
El rey Juan Carlos I, vestido como capitán general de los Ejércitos, se dirigió a la nación por televisión en la madrugada del 24 de febrero. Su postura fue contraria a la asonada militar y se puso del lado de la Constitución española y de la democracia.
Ante eso, Milans ordenó la retirada de sus unidades y su regreso a los acuartelamientos. A mediodía de ese 24 de febrero los diputados salían libres y también el Gobierno de la nación. Terminaba el intento de golpe de Estado del 23-F.
Ese episodio es uno de los más negros de la historia de la entonces joven democracia española durante la Transición, pero supuso el carpetazo definitivo al militarismo y los restos del franquismo. No obstante, aun aparecen algunos vestigios nostálgicos de aquel momento y alguna conspiración más ha habido.
Se los juzgó y sentenció a 30 años de prisión a Tejero, Milans y al general de división Alfonso Armada, considerado el cerebro de la trama. Se los condenó por rebelión militar.
Pese a ser la pena más alta, ninguno de ellos cumplió íntegramente su condena. A Tejero se le redujo aunque permaneció en la cárcel 15 años. Milans nunca mostró arrepentimiento. Salió en libertad en 1990 debido a su avanzada edad.
Armada recibió el indulto en 1988 por problemas de salud. Los guardias civiles implicados en el asalto al Congreso fueron en su mayoría absueltos al considerarse que cumplían órdenes, pese a que no se rebelaron contra ellas.