En opinión de los servicios jurídicos del Congreso, el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara es “muy difícil, si no imposible” de aplicar “de forma inmediata o a corto plazo”.
Así lo consideran ante la reforma que plantean PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG. Entienden que ponerlo en práctica obliga a “replantear todos los procedimientos parlamentarios”.
De este modo se han manifestado los letrados en una nota para informar sobre esta iniciativa. Este miércoles, la Mesa del Congreso tiene previsto calificarla, un órgano en la que el PSOE y Sumar tienen mayoría.
No obstante, los letrados se muestran partidarios de admitir a trámite la reforma. Además, no se oponen a que se debata en tramitación directa y lectura única, lo que permite aprobarla sin pasar por la Comisión del Reglamento.
Sin embargo, sus promotores pretenden que se ponga en marcha para el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP.
En cambio, los servicios jurídicos advierten acerca de las dificultades que supone una aplicación rápida de la reforma como se plantea.
“Resulta de muy difícil, si no imposible” su “aplicación en sus términos, al menos de forma inmediata o a corto plazo”.
Esto es porque el uso de las lenguas cooficiales “afecta de manera integral a todos los procedimientos, así como a todos los plazos reglamentarios”.
“Por ende, al entero funcionamiento de la Cámara”, sostienen los letrados. Incluso, señalan, “en garantía de la seguridad jurídica y del ‘ius in officium’”, habría que “replantear todos los procedimientos parlamentarios, tal y como los mismos se encuentran actualmente configurados”.
Así, “desde el mismo momento en que se permita el uso” de las lenguas cooficiales, “será preciso asegurar” ciertos extremos.
Validez jurídica de las lenguas cooficiales
“Por un lado, la comprensión del debate y el objeto del mismo, y, por otro, dotar de validez jurídica plena y ‘erga omnes’ a las iniciativas sobre las que se discute y que, eventualmente, resulten aprobadas y, más ampliamente, a todos los documentos, cualquiera que sea su naturaleza, que hayan de ser tramitados en la Cámara”, concretan.
De este modo, no puede olvidarse que la actividad parlamentaria, en todos sus ámbitos, “está determinada por el principio de inmediatez”.
Por tanto, deben “ajustarse a unos plazos tasados y generalmente breves”. Algo que “difícilmente podrán cumplirse si [respecto a los documentos] ha de procederse, como paso a previo a su tramitación, a su traducción al castellano”.
Esto último “sería imprescindible para su calificación, para su distribución entre los diputados y grupos parlamentarios”. Asimismo, “para su debate y eventual aprobación y para su publicación”.
Asimismo, indican que debe atenderse a “la naturaleza reservada e incluso secreta de determinadas reuniones de los diferentes órganos parlamentarios”.
Y es que la reforma prevé la transcripción también en las lenguas cooficiales de las actas taquigráficas de las sesiones secretas y no publicables.
En cuanto a los debates, debe “quedar asegurada la comprensión del discurso que se pronuncia en una lengua distinta del castellano”.
De este modo, los servicios jurídicos inciden en el “esfuerzo logístico que ello conlleva”, por el número de Plenos, y comisiones.
En todo caso, apunta, debe interpretarse que el reconocimiento de ese derecho se supedita a los términos en que se concrete más adelante.
De hecho, así consta en cierto modo en una disposición transitoria del texto propuesto para la reforma.