En España cerca de 220.000 niños, niñas y jóvenes con discapacidad están en edad de escolarización obligatoria entre 3 y 16 años. El 83% lo hacen en centros ordinarios compartiendo clase con el alumnado general. El 17% restante, algo más de 35.000, en aulas segregadas de educación especial, una modalidad que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU rechaza de plano. En gran medida por ello, el sistema educativo español fue denunciado por las organizaciones de personas con discapacidad Solcom y Cermi ante la ONU que abrió una investigación en enero de 2017 y publicó sus conclusiones recientemente en un informe demoledor que no deja en muy buen lugar a nuestro país del que dice que “ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio, basado en la discapacidad” y lo hace enviando sistemáticamente a centros segregados de educación especial al alumnado con discapacidad. En ocasiones las familias han de recurrir a la justicia para evitarlo.
En los trabajos de la nueva Ley de Educación, la Ministra Celaá y el Gobierno están diseñando el trasvase de esos más de 35.000 alumnos a centros ordinarios dotándolos de los apoyos necesarios. Educación inclusiva que significa una buena noticia pero que puede tener sombras.
Cuando en el modelo educativo se priman los rankings y clasificaciones, se tiende a dejar de lado la educación como proceso. Se sobrevalora la superación de pruebas y la obtención de calificaciones y, con demasiada frecuencia, se plantea el sistema educativo como factoría de trabajadores bien cualificados olvidando que su fin debe ser formar personas integralmente.
La inclusión en centros ordinarios sin que estos dispongan de recursos suficientes, con un número de alumnos por aula que no para de crecer, está detrás de la reivindicación de asociaciones y familias de niños con discapacidad que reclaman centros específicos para sus hijos ante la desesperación de ver que en los centros ordinarios no se les puede ofrecer una atención adecuada.
En España llevamos décadas trabajando en un modelo de educación inclusiva que no termina de despegar. Esperemos que esta vez la nueva ley de educación proporcione y blinde los recursos y apoyos necesarios para hacerla realidad.