Hasta mil euros de multa podría llegar a imponerse a quien se niegue a ponerse la vacuna contra la Covid-19 y sea persona de riesgo. Es la posibilidad que baraja el Ministerio de Sanidad en su plan para una “inmunización forzosa” ante una “grave amenaza para la salud pública”.
Así lo revela El Confidencial Digital, aunque Salvador Illa, ministro del ramo, asegurara hace unas semanas que no creía “conveniente” hacer obligatoria la vacunación.
En cambio, el propio Ministerio ha cambiado de opinión y hace días que dejó caer la posibilidad de obligar a la población a vacunarse. “Lo que se tenga que hacer para controlar la pandemia, se hará”, avisan. En especial entre los grupos de riesgo.
La Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente reconoce el derecho, y lo garantiza, de rechazar o aceptar terapias o procedimientos médicos. Sin embargo, la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública contempla, en su artículo segundo, la posibilidad de obligar a vacunarse.
“Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad”, reza el texto.
Sería necesario modificar el decreto del estado de alarma
Con todo, el Gobierno tendría que modificar el actual decreto de estado de alarma para poder aplicar esta obligatoriedad. Cuando se aprobó en octubre, no se contempló esta posibilidad, y sólo esa herramienta jurídica sería válida para no judicializar una campaña de vacunación forzosa y desde el respeto a los derechos fundamentales.
Y es que la propia Constitución española recoge el derecho de una persona a no vacunarse al amparo del respeto a los derechos de libertad e intimidad. Tal es así que la ley 33/2011 General de Salud Pública respeta ese criterio.
Dicho esto, desde el departamento que dirige Illa sostienen que “si es necesario obligar a vacunar a personas que suponen una grave amenaza para la salud pública, debemos estar preparados”.
El objetivo es que “cuando nos enfrentemos a esa situación o un brote importante, no sea una cuestión que tengamos que judicializar”, añaden. De este modo, se consigue “que sea una cuestión que la legislación prevea expresamente”.
No obstante, se haría con los matices y salvedades que se estimen necesarias. Así, el planteamiento sería incluir un procedimiento sancionador que incluya multas por infracciones en materia de salud que podrían llegar a los mil euros.
Multa, aunque infracción leve
Y eso que se trataría como una infracción leve. La intención, explican en Sanidad, no es recaudatoria, sino una persuasión, de forma que las personas de riesgo terminen aceptando vacunarse.
Asimismo, otra medida a introducir podría ser denegar el acceso a ciertos servicios públicos a aquellos que en no se vacunen por riesgo de contagio. En definitiva, en el Ejecutivo se está pensando sobre todo en sanitarios y trabajadores de residencias de mayores.
Igualmente, la obligación de inyectarse el compuesto se dirige a cualquier profesional cuya actividad pueda suponer un riesgo de contagio para otras personas. A todos ellos se les podría imponer una multa si se niegan a recibir la vacuna.
Con todo y con eso, por el momento no se contempla adoptar esta medida de sancionar con una multa en la fase inicial de la vacunación porque, entre otros motivos, las primeras dosis llegarán poco a poco.
Se prevé que la campaña de vacunación comenzará en enero. Si todo va bien, una parte importante de la población si habrá vacunado ya en marzo.
“El calendario de vacunación llega por ahora hasta el mes de mayo, coincidiendo con la vigencia del estado de alarma”, señalan en Sanidad. Por tanto, hay tiempo para reaccionar ante personas de riesgo que se nieguen a recibir la dosis.