La futura ley de amnistía está en la mente de todos, más después de que al filo de la noche del martes PSOE y ERC anunciaran que han alcanzado un acuerdo.
El propio Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, y Pere Aragonès, su homólogo de la Generalitat catalana, lo cerraron telefónicamente.
Así, desde Ferraz ven más cerca y posible la investidura de Sánchez, incluso la semana que viene. Eso sí, antes, habrá que registrar la norma en el Congreso para que la Mesa la califique y dé vía libre para su tramitación.
De hecho, la idea es que la ley de amnistía se registre el mismo viernes, fecha en que el órgano de gobierno de la Cámara Baja se reúne. Posteriormente, lo hará la Junta de Portavoces.
En cualquier caso, se prevé que salga adelante la tramitación de la norma puesto que en ambos órganos hay mayoría progresista.
Los escollos vendrían después, en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. En la Cámara Alta, los senadores populares podrían bloquear la ley durante un tiempo.
Sin embargo, si el Gobierno pide que se tramite de urgencia, podrían retrasarla 20 días como mucho.
Pese a que el martes el protagonismo debía centrarse en el juramento de la princesa Leonor acatando la Constitución, la ley de amnistía se coló en las conversaciones.
La foto de la discordia
Más aún después de que el día anterior se hicieran públicas unas fotografías de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, junto a Carles Puigdemont, expresidente catalán, en Bruselas.
Ambos mantuvieron una reunión en la que avanzaron sobre las negociaciones para lograr el ‘sí’ de Junts a la investidura de Sánchez.
Con todo, restándole importancia, parte de los ‘implicados’ coincidieron en que se trataba más de un “gesto”.
“Toda negociación tiene gestos y los gestos en política son muy importantes”, señaló Patricia Plaja, portavoz del Govern.
Eso, desde la parte independentista, pero desde el lado socialista, igual. En ese sentido, Ximo Puig, expresidente de la Comunidad Valenciana, comentó que la fotografía del número 3 del PSOE forma parte de “los distintos escenarios de la gestualidad política” y negó que le resultara incómoda.
En términos semejantes se manifestó Carmen Calvo, exvicepresidente del Gobierno. “Forma parte de la normalidad y la madurez de una democracia en la que gentes distintas, nada más lejos lo que pensamos los socialistas de los independentistas”, justificó.
Otra cosa es lo que digan y piensen otros dirigentes territoriales socialistas, como Javier Lambán, expresidente aragonés y actual senador.
“No quiero ensombrecer este acto –por la jura de la Princesa de Asturias– con ninguna palabra añadida”, señaló.
Por descontado, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, tildó la fotografía y, por extensión, la amnistía de “humillación y rendición”.
Para el presidente popular, “el PSOE fue a rendirse y a rendir pleitesía a una persona que tiene cuestiones pendientes con el Tribunal Supremo”.
A ello añadió que el Partido Socialista está “coleccionando” fotografía que “avergüenzan” a la mayoría de votantes. De paso, sacaba, de este modo, a colación la fotografía de Sánchez con dirigentes de Bildu en el marco de las negociaciones para la investidura.
Hermetismo en torno a la ley de amnistía
No obstante, a estas alturas no se conoce el contenido del acuerdo, que no se ha cerrado, ni a quiénes afectará la futura norma.
Sí se sabe que el jefe del Ejecutivo en funciones y su homólogo catalán han dejado el cierre del pacto a sus respectivas delegaciones.
Así constaba en la nota de prensa del PSOE. Cuando se cierren los últimos flecos, “se comunicará la fecha y lugar de firma del acuerdo”, reza el comunicado. Distinto es lo que los negociadores estén hablando con la parte de Puigdemont.
Y es ahí donde está buena parte de la cuestión. Mientras que ERC y los socialistas “consideran colmadas sus expectativas y satisfechos sus principios políticos” sobre esa futura amnistía, con Junts no parece tan claro.
Se da por descontado que la futura ley de amnistía dará cobertura legal a los condenados por el procès. Por supuesto, los indultados y algunos de los que mantienen causas abiertas, como el propio Puigdemont.
No estarían tan claras las causas contra Toni Comín, Clara Ponsatí y Marta Rovira, esta última de ERC.
Ahora bien, hay otros actores que entran en la ecuación, como los encausados de Tsunami Democràtic y los CDR.
La demanda de la parte republicana y neoconvergente es que se incluyan en la amnistía, extremo que, deslizan, se habría cerrado en la conversación Sánchez-Aragonès.
Sobre estos miembros de los grupos independentistas pesan supuestos delitos de terrorismo. Y ¿qué ocurre con los policías encausados y, en otros casos, condenados para preservar la legalidad vigente entonces y que cumplían órdenes?
Para terminar, la norma vendría a cumplir otra exigencia de ERC. No mencionará una naturaleza delictiva del referéndum del 1 de octubre. Asimismo, tampoco daría valor a esa consulta.