Ocho vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han pedido la convocatoria de un Pleno extraordinario para mostrar el rechazo a la futura ley de amnistía.
Lo harán dirigiéndose a Vicente Guilarte, presidente interino del órgano de gobierno de los jueces.
Un ley de amnistía que, por cierto, ni siquiera se ha registrado, aunque se prevé que se haga este próximo viernes.
Además, aún se desconoce el contenido y a quiénes afectará, aunque se da por descontado que se beneficiarán los principales actores del procès. Indultados, incluidos.
No obstante, precisamente se mostraría contrario un CGPJ cuyo mandato expiró el 4 de diciembre de 2018 y cuya renovación es una incógnita.
Y es que el PP insiste en bloquear dicha renovación a la que obliga la Constitución, a la que, con su actitud, desprecian cuando no les viene bien.
Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona son los solicitantes.
Así, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, se prevé que registren su solicitud este mismo jueves.
De este modo, se podría convocar el Pleno para el próximo lunes, pero esto depende de la decisión que adopte Guilarte.
Efectos adversos de la amnistía
Para los ocho vocales conservadores, la ley de amnistía tendrá efectos de “degradación” para el país. Pero van más allá al sostener que puede dar lugar a la “abolición del Estado de Derecho en España”.
A su vez, defienden que, cuando se aplique la norma a los implicados en el procès, el Estado de Derecho en España “pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España”.
Además, señalan que advierten “con creciente preocupación” las declaraciones de las formaciones independentistas acerca de la amnistía.
Asimismo, les inquieta que la norma se aplique a acontecimientos anteriores al referéndum del 1-O. Unos hechos previos entre los que habría “delitos de corrupción”.
Igualmente, a otros posteriores “para oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la justicia”.
Al mismo tiempo, temen las consecuencias de las declaraciones de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones el pasado sábado.
Ante el Comité Federal del PSOE, Sánchez confesó que la amnistía era un mal necesario para reeditar un Ejecutivo progresista y su investidura.
De ahí que consideren oportuno y necesario que el CGPJ se pronuncie.
La cuestión también reside en que, si la ley de amnistía se tramitara como una iniciativa del Gobierno sería obligado un informe del CGPJ. Esto retrasaría su tramitación.
Sin embargo, se va a tramitar como una proposición de ley de los grupos parlamentarios, por lo que este requisito desaparece.
Por eso, los ocho vocales conservadores del caducado órgano de gobierno de los jueces exigen un pleno para mostrar claramente la opinión del CGPJ.
¿Inconstitucional?
Además, esperan que el Pleno ‘sentencie’ la inconstitucionalidad de la amnistía. Argumentan, a ese respecto, que vulnera el principio básico del pluralismo político.
A su vez, advierten de que “confundir el ‘interés de España’ con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política”.
En esa línea, remarcan que sería convertir en “papel mojado” las “sentencias”, algo “rotundamente incompatible con el principio de Estado de Derecho”. Especialmente, las sentencias firmes, resaltan.
Por otra parte, añaden que la amnistía “violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico”.
“Mal puede hablarse de independencia ni de seguridad jurídica cuando unas fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción de los tribunales”, explican.
No sólo eso. También vulnera los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea. Dichos artículos se establecen “para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial”.
Con todo, se puede estar a favor o en contra de la amnistía. En cambio, que un órgano constitucional cuyo mandato expiró hace casi cinco años se pronuncie, no deja de ser irónico.
Incumplen la Constitución del mismo modo que la incumple el PP. Todos los consejeros del CGPJ deberían haber dimitido hace años, forzando, así, la renovación. Pero, para protestar sobre la amnistía, no tienen reparo alguno.
¡Los Jueces elegidos por el pueblo!