Entre las condiciones del contrato de la Operación Chamartín se contempla la venta de 1,3 millones de metros cuadrados de suelo público en Madrid a un precio tres veces más bajo de su valor real, según Izquierda Unida, que exige la comparecencia en el Congreso de José Luis Ábalos, ministro de Fomento para que rinda cuentas acerca de ello, a pesar de no ser el responsable de dicho presunto desajuste .
Según publicó este jueves eldiario.es la enajenación del suelo público urbanizable se hará a 769,5 euros el metro cuadrado, siendo en uno de los distritos más caro de Madrid y a pagar en 20 años. Desde que se firmara el contrato en 1993 entre Adif y la promotora privada Distrito Castellana Norte, DCN, conformada por la constructora San José y el BBVA, no se habían desvelado detalles de éste.
La formación de Alberto Garzón asegura que “esta operación podría suponer una plusvalía inmediata para DCN cercana a los 1.000 millones de euros si se materializará la venta de los suelos cuando entra en vigor el derecho sobre su propiedad”, y por ello también piden que comparezca Isabel Pardo de Vera Posada, presidente de Adif, que no ocupaba ese cargo cuando se realizaron dichas valoraciones.
Desde la confederal de Garzón reclaman que si “el urbanismo, como herramienta de gestión pública, debe estar sometido al interés general, este proyecto y este contrato están claramente en las antípodas de ello” porque “representan un ataque directo a las necesidades colectivas y al patrimonio público, mientras se regala un valioso suelo público a entidades financieras”.
Ante esta situación, y aunque esta operación fue acordada por el Ayuntamiento de Madrid gobernado por Manuela Carmena de Ahora Madrid, IU pide que se retire el proyecto y se dé por terminado el acuerdo con el fin de conservar la titularidad pública del suelo y que se ponga al servicio de las necesidades sociales, haciendo primar la solución al déficit de dotaciones sociales y espacios verdes de la zona.
Así, pide que se construya vivienda pública en régimen de alquiler a precios asequibles, que se equilibre el reparto de espacios para uso residencial y actividades económicas, que se desarrolle un plan de fomento de transporte público y se reduzca el privado y se haga extensivo el modelo al resto de la capital.